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Perseguido
Noruega concede asilo al primer polaco desde el final del comunismo
Oslo otorga el estatus de refugiado político a un activista anti racista ante la falta de garantías de tener un juicio justo en Polonia
Por primera vez desde la caída del comunismo en Polonia en 1989, un ciudadano polaco obtiene el estatus oficial de refugiado. Rafał Gaweł huyó a Noruega el 7 enero de 2019 junto a su esposa e hija de dos años. Viajaron en coche desde Białystok, al este del país, hasta Oslo. Dos días después de su llegada, su solicitud de asilo político fue rechazada, Gaweł apelo automáticamente la decisión. A partir de este momento se abre un largo proceso que concluyó hace dos semanas, cuando la Junta de Apelaciones de Inmigración noruega (UNE) decidió por unanimidad otorgar el estatus de refugiado político a Gaweł y a su familia. La decisión es definitiva y no acepta recurso.
En Polonia fue declarado culpable y condenado a dos años de prisión por fraude económico en la financiación de su organización. Gaweł es fundador del Centro de Monitoreo del Comportamiento Racista y Xenófobo. Łukasz Niedzielski, abogado de Gaweł, aseguró que en el fallo de la UNE, hecho público por medios noruegos, se llegó a la conclusión de que su defendido corre el riesgo de ser perseguido por el Gobierno si vuelve a su país de origen; también que bajo la apariencia de un caso penal, la sentencia polaca tiene un fondo de persecución política.
De acuerdo con declaraciones hechas en las redes sociales, Gaweł apunta tres pilares sobre los que se sustenta el fallo noruego: la constancia de que no se iba a poder llevar a cabo un juicio justo en Polonia, basándose en la cuestionada independencia judicial después de las reformas acometidas por el PiS. La inexistente respuesta del Gobierno frente las acciones de la extrema derecha y la documentación aportada por Gawel, donde se demuestra un hostigamiento del Gobierno.
Hechos como el de Gaweł y su familia ponen en entredicho el sistema judicial del país centroeuropeo. El primer informe de la Comisión Europea para analizar el Estado de derecho en los países miembros critica duramente a Polonia. Según Bruselas, la Justicia y la libertad de los medios de comunicación corren peligro. La Comisión asegura que la influencia de los Poderes Ejecutivo y Legislativo sobre el sistema judicial ha debilitado su independencia y a, pesar de los procedimientos de infracción activos desde 2017, el Gobierno de Ley y Justicia (PiS) sigue llevando a cabo reformas judiciales.
El documento europeo contabiliza más de 30 leyes que afectan la estructura del sistema judicial, incluido el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, los tribunales ordinarios, los tribunales de lo contencioso administrativo y el Ministerio Fiscal.
El PiS sigue en plena lucha, ya que a pesar de que el Tribunal de Justicia de la UE concedió medidas provisionales para suspender las competencias de la recién creada Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo, el Gobierno polaco ha seguido adelante y este mes se propone retirar la inmunidad al juez Igor Tuleya por presunta mala conducta. «Intentan que los tribunales libres e independientes estén subordinados al poder político», declaró el juez Tuleya.
Otro punto alarmante para Bruselas es el lugar que ocupan ONG y grupos sociales, parte esencial del debate público, objetivo de ataques del Gobierno.
El muñidor de la revolución ultraconservadora
Kaczynski es oficialmente parte del Ejecutivo. El líder conservador se mantuvo durante años en un segundo plano político, pero con una gran influencia en el Gobierno, es ya viceprimer ministro. Un puesto extraordinario hecho a medida que le permite la supervisión de los ministerios de Defensa, Justicia e Interior. Experto en sofocar cualquier brote de insurrección, el nuevo papel de Kaczynski fortalece al actual primer ministro, Mateusz Morawiecki, y apaga las aspiraciones más revolucionarias dentro de la coalición de Gobierno.
Durante una reciente entrevista al diario conservador «Gazeta Polska Codzienna», Kaczynski amenaza con vetar el Fondo Europeo de Recuperación si Bruselas condiciona el cumplimiento del Estado de derecho a las ayudas. «Nos quieren arrebatar soberanía. Instituciones de la UE, funcionarios y políticos que los polacos jamás eligieron», declaró el líder del PiS, equiparando las exigencias europeas a la etapa comunista en el país: “Incluso en la época comunista varias particularidades y regiones eran respetadas”.
Hasta 750.000 millones de euros se repartirán entre los Estados miembros para la recuperación post coronavirus. La posición más laxa de la Comisión, no así la del Parlamento que debe ratificar, y el tiempo benefician la posición de países como Polonia o Hungría, dispuestos a pausar un dinero que el resto de Europa no quiere esperar.
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