El Tribunal de La Haya ve base para investigar a Maduro

La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, dijo que su Oficina está “determinada” a continuar trabajando sobre Venezuela en esa instancia, donde se mantiene un examen preliminar por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos por máximas autoridades del Estado, al menos desde 2017.

Como “Venezuela I” se conoce al informe divulgado por su despacho donde se afirma que existen motivos razonables para creer que en el país caribeño se cometieron crímenes de lesa humanidad en el contexto de manifestaciones antigubernamentales, por lo que posiblemente se inicie la etapa de investigación “durante la primera parte de 2021”.

En el documento, se asegura que la Fiscalía de la CPI determinó, “sin perjuicio de otros crímenes que se puedan determinar en una etapa posterior”, que hay fundamentos razonables para creer que, al menos desde abril de 2017, “autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”.

En estos crímenes relacionados con la encarcelación u otro tipo de privaciones ilegítimas de libertad, también se incluiría la presunción de tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, además de persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, todo ello contemplado en el Estatuto de Roma.

La Fiscalía de la CPI señala por estos hechos a cuerpos de seguridad como la PNB y su Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Sebin, la Dgcim, Cicpc, Guardia Nacional y su Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas); además de grupos de civiles relacionados al régimen de Nicolás Maduro «actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento.

Los hallazgos de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se suman a los informes de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en los cuales también registra tales presunciones, y hasta ha exigido la disolución de las FAES en 2019. Nicolás Maduro respondió indirectamente felicitándolas y anunciando mayores recompensas para sus funcionarios.

Una Misión de Verificación de Hechos comisionada por Naciones Unidas publicó en septiembre que tanto Maduro, como varios funcionarios de su gabinete ministerial y las fuerzas de seguridad están vinculados con posibles crímenes de lesa humanidad, desde 2014. Allí sí sale mencionado con nombre y apellido.

En ese informe se habla de patrones de violaciones y crímenes que “lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”.

Fatou Bensouda también mencionó que este año se inició otro examen preliminar, “tras remisiones del Estado Parte recibidas del Gobierno de Venezuela”. Se trata de una solicitud del régimen chavista para que se investiguen supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por Estados Unidos a través de las sanciones que ha impuesto a funcionarios de Maduro, así como a la industria petrolera.

Paso a paso

Alí Daniels, abogado venezolao y director de la ONG Acceso a la Justicia, explica que el examen preliminar sobre Venezuela no se ha cerrado. “Ellos lo que están diciendo es que esperan cerrarlo, y esperan pasar a lo que en el Estatuto de Roma se conoce como fase de investigación, que es la presentación del caso ante la Sala de Cuestiones Preliminares”.

Un examen preliminar está compuesto de cuatro fases. Actualmente, el caso venezolano se encuentra en la fase 2 , donde la Fiscalía realiza una evaluación de la competencia de la Corte. De allí se pasaría a la fase 3, que se concentra en valorar la admisibilidad. Finalmente, en la fase 4 se evalúa el interés de la justicia, es decir, si vale la pena que el caso pase directamente a la CPI.

Una vez completado el examen preliminar, que según el informe se espera culminar “durante la primera parte de 2021”, el caso venezolano pudiera pasar a la fase de investigación, que consiste en la presentación del caso a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI por parte de la Fiscalía como parte acusadora, con acusaciones individuales a los señalados de cometer los crímenes de lesa humanidad.

Daniels explica que el proceso “es confuso, porque se podría pensar que esta es la fase de investigación, pero no es así. Por eso se llama examen preliminar. En la investigación como tal, la Fiscalía presenta el caso con nombres y apellidos de los acusados sobre presuntos crímenes”.

Destaca el especialista lo dicho en el párrafo 206 del informe de Bensouda donde se ratifica que “la Corte no juzga a funcionarios subalternos, la CPI solo juzga a los máximos responsables de las acciones que ella investiga. El fiscal (Tarek William) Saab va a intentar decir lo contrario”.

La respuesta del Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, puesto en ese cargo por Diosdado Cabello, se dio en un comunicado este martes. El funcionario, que visitó La Haya en noviembre para entregar documentos, valóró como “positivo” que haya quedado de manifiesto que “desde esta institución y el Estado venezolano se está colaborando en todo momento con esa instancia jurídica internacional”.

No hizo mención alguna a las afirmaciones de la Fiscalía de la CPI sobre crímenes de lesa humanidad o violaciones a normas fundamentales del derecho internacional.