Todo el poder para Daniel Ortega

Las dictaduras constitucionales tienen su encanto. Uno va orquestando los tres poderes de forma que todos acaben acatando tu voluntad. Es así como sales reelecto con el 90% de lo votos, o donde no hay opositores que alcen la voz. Te haces un país a la medida. Lo triste es cuando los gobernantes provienen de una revolución como la sandinista que luchó contra Somoza, un dictador. Es muy difícil comprender que los guerrilleros idealistas y libertadores se conviertan en las mismas bestias que abatieron.

Dirigentes de la oposición nicaragüense denunciaron que el presidente Daniel Ortega busca sacarlos de la competencia electoral de 2021 con “artimañas” y “leyes espurias” que “no obedecerán”.

“Las leyes injustas no son ley y no las vamos a obedecer”, dijo en una declaración pública el dirigente del bloque opositor de La Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab), Félix Maradiaga.

La iniciativa a la que se refiere el opositor es la denominada “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, que surge a once meses de que se celebren elecciones presidenciales y legislativas en las que el socialista Ortega, de 74 años, podría buscar un cuarto mandato consecutivo.

“El que no defiende a Nicaragua y pida sanciones en contra de Nicaragua ése no merece llamarse nicaragüense, ya perdió sus derechos a optar por cargos públicos, no lo podemos expulsar porque nació aquí, pero automáticamente de acuerdo con lo que manda la Constitución y las leyes ya perdió sus derechos a optar por cargos públicos cuando hubiere elecciones en este país”, dijo Ortega.

El proyecto presentado a última hora podría ser debatido hoy cuando el Parlamento, de mayoría oficialista, sesione de forma extraordinaria para aprobar una norma de regulación sobre el suministro de energía eléctrica.

En sus dos artículos, plantea que los nicaragüenses que “encabecen o financien un golpe de Estado (...), fomenten o insten a actos terroristas(...), inciten a la injerencia extranjera, demanden, exalten o aplaudan la imposición de sanciones (...) no podrán optar a cargos de elección popular”.

Maradiaga consideró que ese proyecto “es una patraña que llevaría a inhibir a millones de personas en Nicaragua que al unísono hemos pedido y seguiremos pidiendo sanciones” contra funcionarios y allegados a Ortega señalados de violación de derechos humanos”.

El político, que en círculos opositores es visto como un potencial candidato a los comicios de 2021, sostuvo que “nada ni nadie nos va a detener” en la búsqueda de lograr un cambio en Nicaragua.

El ex ministro de Exteriore José Pallais, en una declaración a la Prensa, estimó que Ortega “sigue preparando un fraude sistémico” con distintas normas.

Entre ellas se encuentra también la denominada ley de agentes extranjeros, que obliga a organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos del exterior a registrarse ante el Poder Ejecutivo. También está la ley de ciberdelitos, que puede sancionar a adversarios de Ortega que lo critican en redes sociales.

Ahora, con esta nueva ley, Ortega pretende restringir la participación de la “verdadera oposición”, agregó Pallais.

El también miembro del bloque opositor Coalición Nacional, que agrupa a varios organismos de la sociedad civil, señaló que el presidente busca “armar un nuevo circo, una nueva farsa donde solo tendrán oportunidades aquellos que se sometan a sus reglas”. La intención de Ortega es “escoger él a su competencia, él va a decidir quién le conviene que compita, quién le favorece para continuar en el poder”, subrayó.

El país está sumido desde hace meses en una crisis política y, el mes pasado, la Administración del presidente estadounidense Donald Trump decidió prorrogar un año más las sanciones contra todos los altos cargos nicaragüenses involucrados presuntamente en casos de corrupción y vulneración de los derechos humanos.

Para el Gobierno estadounidense, el presidente Ortega ha hecho un uso “indiscriminado” de la violencia y la represión contra la población civil en el marco de las manifestaciones. Además, ha señalado que la corrupción conduce a la desestabilización de la economía del país y sigue representando una “amenaza” para la seguridad nacional.

En respuesta, Ortega ha pedido unidad a la clase política para enfrentarse a estas sanciones. “Claro que hay diferencias, pero de ahí a ir a pedirle a una potencia que castigue a Nicaragua, que significa castigar a los más pobres, los que más sufren cuando salen estas sanciones”, avisó el mandatario.

Para el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Paulo Abrao, la “escalada represiva” y las recientes leyes promulgadas en Nicaragua llevan al país hacia una “dictadura legalizada”, encabezada por Ortega.

“Esta escalada represiva reciente está representada en estos proyectos de ley que se están enviando (...), que van a caracterizar lo que llamamos una dictadura legalizada, una legalidad autoritaria, que da legitimidad a los procesos represivos”, dijo Abrao.

Abrao indicó que los activistas y opositores deben aprovechar el primer semestre de 2021 para organizar su defensa de los derechos humanos, ya que “las cosas van a recrudecer en el segundo semestre, muy cerca de las elecciones”, y Ortega adopta “la represión a cada contexto”. Nicaragua hasta el momento registra 328 muertos en protestas contra Ortega.