La UE sanciona a 19 venezolanos tras las elecciones fraudulentas de diciembre

En total hay 55 personas castigadas por la Unión Europea, entre ellas la vicepresidenta Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello

Fotografía cedida por prensa de Miraflores donde se observa al presidente venezolano Nicolás Maduro junto a Tarek El Aissami en un acto de gobierno hoy, en Caracas (Venezuela).
Fotografía cedida por prensa de Miraflores donde se observa al presidente venezolano Nicolás Maduro junto a Tarek El Aissami en un acto de gobierno hoy, en Caracas (Venezuela).Prensa MirafloresEFE/Prensa Miraflores

Los Veintisiete aprobaron este lunes la inclusión de 19 personalidades chavistas castigadas con la congelación de sus bienes en suelo europeo y la prohibición de visado, debido a su participación en las elecciones fraudulentas del pasado 6 de diciembre en Venezuela, las cuales consideran que no cumplieron los estándares democráticos.

De esta forma, asciende a 55 el número de venezolanos castigados. En esta lista figuran la vicepresidenta Delcy Rodríguez y a Diosdado Cabello, número dos del presidente Nicolás Maduro, así como también otros diputados chavistas, magistrados del Tribunal Supremo del país, miembros de la junta electoral y mandos militares.

Esta fue la respuesta del bloque europeo a un proceso electoral que tacha de fraude y del que no reconoce el resultado, aunque a su vez ha evitado extender el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado pero mantiene que es un interlocutor para la salida a la crisis venezolana.

Por su parte, la ministra española de Asuntos Exteriores, González Laya, indicó que las sanciones impuestas son “muy quirúrgicas”, ya que no repercuten negativamente en la población civil, ya muy castigada por la pobreza en el país.

En el margen de este régimen de restricciones, la UE mantiene en la lista negra a 36 personas con cargos oficiales y responsables de minar la democracia y violar derechos fundamentales. Con este instrumento, los Veintisiete buscan responder a acciones persistentes que socavan la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los Derechos Humanos. Las medidas comprenden también el embargo de armas y equipos destinados a la represión interna.