Ortega aplasta a la oposición para aferrarse al poder

La ONU condena las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua tras la detención de cinco candidatos y el acoso a periodistas. Aliados naturales, como México y Argentina, le dan la espalda

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El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha intensificado su escalada de represión contra la oposición de cara a las elecciones de noviembre en las que busca su cuarta reelección. La policía detuvo este domingo al periodista y político opositor, Miguel Mora, acusado de incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos y poner en riesgo la soberanía de Nicaragua. El comunicado policial no detalla los hechos concretos que se le imputan. La noche del lunes la política opositora María Fernando Flores Lanzas, esposa del expresidente Arnaldo Alemán (1997-2002), fue detenida bajo las mismas acusaciones basadas en la Ley de Defensa de Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, un instrumento clave en la ola de detenciones contra los miembros de la oposición. La Policía ha informado que Lanzas se encuentra bajo arresto domiciliario. La exdiputada de la formación opositora Partido Liberal “fue detenida” y “permanece en su casa bajo custodia policial”.

Esa misma noche del lunes en Managua, la casa del director del medio ‘Confidencial’, Carlos Fernando Chamorro, fue allanada por 50 agentes de policía durante cuatro horas. El periodista no se encontraba en su domicilio de la capital. Exigió a través de su cuenta de Twitter respeto a la integridad física de su cuñada, Amelia Elizondo, y de la trabajadora doméstica Amparo Castillo: “La Policía se retiró a medianoche de mi casa después de ejecutar un allanamiento por órdenes de su Jefe Supremo, el dictador Daniel Ortega. Mi cuñada Amelia Elizondo y Amparo Castillo fueron despojadas de sus celulares. Los policías no dejaron un acta de los bienes y documentos que incautaron ilegalmente. Aquí seguimos haciendo periodismo”. Hace dos semanas, Chamorro había criticado en una columna la deriva autoritaria del gobierno de Nicaragua comandado por el exlíder sandinista y su esposa, Rosario Murillo, con el objetivo de aferrarse al poder tras las elecciones del próximo 7 de noviembre: “Un nuevo golpe de Estado contra el derecho constitucional de los nicaragüenses a elegir y ser electos en libertad”. La esposa de Chamorro tampoco se encontraba en la vivienda: “Como ladrones entran de noche y al amparo de las armas”. Chamorro ha reclamado este martes el cese de la persecución y denuncia que tres vehículos con civiles a bordo han mantenido vigilancia en la puerta de la casa de su madre: “Esta mañana, efectivos de la Policía han efectuado acciones de asedio contra las viviendas de varios de nuestros familiares y contra trabajadores de mi casa. Exijo que cese el asedio policial”.

Mora enfrenta la represión de Ortega por segunda vez. El reportero fue arrestado en diciembre de 2018 en la sede del medio en que trabajaba y permaneció seis meses en prisión. El quinto precandidato presidencial detenido se benefició en junio de 2019 de una amnistía a disidentes aprobada por Ortega para tratar de calmar las críticas al gobierno por la enorme pobreza y desigualdad. Las intensas protestas sociales de 2018 fueron reprimidas durísimamente por Ortega con un dramático saldo de 325 fallecidos, 2.000 heridos y cientos de detenidos. Chamorro ha exigido “libertad para los 19 rehenes electorales y más de 120 presos políticos”. Entre ellos, las detenciones de los cinco precandidatos presidenciales han generado una profunda preocupación en la comunidad internacional por la limpieza de las elecciones de noviembre. Además de Mora, la policía ha detenido en las últimas semanas a cuatro aspirantes: el politólogo Félix Madariaga; el exdirector ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Juan Sebastián Chamorro; el exembajador y Doctor en Historia por la Universidad de Oxford, Arturo Cruz; y Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Chamorro y quien lidera las encuestas de popularidad de cara a los comicios presidenciales.

Condena de Naciones Unidas

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado este martes en Ginebra una declaración conjunta de 59 países en la que condena la violación de los derechos humanos en Nicaragua, reclama la celebración de elecciones libres y la “liberación inmediata” de los opositores detenidos. “Instamos al gobierno a cesar el acoso a periodistas y defensores de los derechos humanos y a permitir que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias. Compartimos las preocupaciones de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michel Bachelet, sobre Nicaragua. Incluyendo la persistente impunidad de las violaciones de derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables”, rezaba el comunicado.

Argentina y México no firmaron este manifiesto. Ambos gobiernos se han mostrado dispuestos a facilitar el diálogo con el Gobierno de Nicaragua en las últimas semanas. Sin embargo, el lunes ambos países asestaron un duro golpe contra el régimen de Ortega. Argentina y México han llamado a consulta a sus embajadores en Nicaragua debido a “las preocupantes acciones político-legales” del Gobierno sandinista. La semana pasada también se abstuvieron de firmar una resolución de condena contra Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha presentado este martes un detallado informe de 38 páginas en el que urge a la ONU a “intensificar su rol” para revertir “la campaña de represión”. HRW ha recomendado a Naciones Unidas que reúna al Consejo de Seguridad para tratar la situación en Nicaragua “como una crisis de gran magnitud que involucra graves violaciones de derechos humanos y que podría afectar a la estabilidad de la región”. El informe destaca que 108.000 nicaragüenses se han visto obligados a huir del país desde las movilizaciones en 2018 contra el gobierno de Ortega. La ONG ha entrevistado a más de 50 personas que han sufrido abusos y procesos penales arbitrarios: “Grandes violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas y asesinatos, han quedado en la impunidad”.