A la caza de los represores del chavismo

En Venezuela se han cometido delitos de lesa humanidad. La decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de comenzar una fase de investigación formal en el país da cuenta de que la institución tiene indicios suficientes para ello, a pesar de que en principio el trabajo se haga mediante el sistema de justicia nacional. Ello no descarta que la jurisdicción internacional deba ser usada, consciente como está Karim Khan de que las instituciones venezolanas no tienen la capacidad para completar la tarea.

Aún el informe final del examen preliminar del caso «Venezuela I» no ha sido publicado, por lo cual se desconoce a ciencia cierta cuáles son específicamente las denuncias que maneja La Haya sobre el país. Lo que está claro es que se trata de crímenes cometidos al menos desde 2017 en el país, el año de las grandes protestas nacionales contra Nicolás Maduro que fueron respondidas con una severa represión que dejó más de 150 asesinatos, la mayoría aún en total impunidad.

El fiscal Karim Khan reiteró que busca «determinar la verdad» en Venezuela, y destacó que su oficina no ha realizado investigaciones en el país pues hereda un examen preliminar de su antecesora Fatou Bensouda. El fiscal Khan asegura que aún «no hay objetivos ni sospechosos en esta etapa del procedimiento. Sin embargo, solo mediante la apertura de una investigación formal se puede determinar la verdad».

El informe reclasificado que dejó Fatou Bensouda al dejar el cargo, fechado el 15 de junio de 2021, también daba por concluido el examen preliminar Venezuela I y recomendaba el pase a fase de investigación. Allí determinaba que la CPI debía ocuparse de investigar delitos establecidos en el Estatuto de Roma, que guía la actuación de la CPI y todas sus instancias, que en el caso de Venezuela incluyen: encarcelamiento y severa privación de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable y persecución de un grupo identificable por motivos políticos.

Esto no descarta que otros delitos puedan ser encontrados e investigados. El informe Bensouda, que sostiene la decisión del actual fiscal Khan, dice que las actuaciones a raíz de lo obtenido es «sin perjuicio de otros delitos que puedan determinarse en una etapa posterior y con respecto a un período de tiempo más amplio».

Hay que recordar que la CPI no sanciona a los Estados, sino a individuos específicos por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Por ahora, la Fiscalía de la CPI, asegura que hay base razonable para creer que los miembros de las Fuerzas de Seguridad presuntamente responsables de la comisión física de estos presuntos delitos incluyen a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional (GN), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), y algunas otras unidades de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN).

Además, ha puesto su mirada sobre «personas afines al Gobierno también participaron en la represión de opositores reales o presuntos al Gobierno de Venezuela, principalmente actuando junto con miembros de las Fuerzas de Seguridad o con su aquiescencia».

La narrativa oficial impulsa la idea de que el sistema de justicia interno ha hecho lo necesario para castigar las «manzanas podridas», los «casos aislados» –como los ha llamado el fiscal del régimen Tarek William Saab–, pero la evaluación dice otra cosa. La Fiscalía de la CPI determinó que «los casos potenciales que probablemente surgirían de una investigación sobre la situación serían admisibles en términos de inacción». En opinión de la ex fiscal Bensouda, después de tres años de pesquisas, en Venezuela se ha hecho un número limitado de procedimientos internos pertinentes relacionados con estos casos, y su alcance es «muy limitado en relación con sus hallazgos».

Su informe también deja establecido que ha existido una «falta de pasos concretos y progresivos en esos casos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos». De hecho, la Fiscalía de la CPI cree que «las autoridades no están realmente dispuestas a investigar y/o enjuiciar esos casos». Incluso ha determinado que se iniciaron procedimientos internos o se adoptaron decisiones nacionales «con el fin de proteger a las personas de la responsabilidad penal». En Caracas, los tribunales han avanzado en algunos casos, procesando y condenando a un reducido grupo de autores materiales de los casos más emblemáticos, como el de un estudiante asesinado a tiros por un uniformado captado en cámara o un concejal preso político que fue torturado y arrojado desde el piso 10 de la sede del Sebin. Pero no se han investigado las cadenas de mando ni los patrones de acción.

La Misión de Determinación de Hechos comisionada por Naciones Unidas, que adelanta su trabajo independiente de La Haya, ha constatado en sendos informes casos específicos de violaciones de derechos humanos en Venezuela, y la complicidad del sistema de justicia para perpetuar tales crímenes.

Francisco Cox, uno de los integrantes de esa Misión, ha dicho que tienen más de 50 nombres de torturadores específicos y detalles de las prácticas; un nivel de información útil para la CPI. «Es algo que puede ser utilizado por la Corte o por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional», ha explicado Cox.