Un grupo de “Ciudadanos Soberanos Moros” reclama un terreno en Estados Unidos

La pequeña localidad de Fire Tower Road, en el sur de Maryland, Estados Unidos, ha vivido un episodio insólito en las últimas semanas cuando un grupo que se autodenomina “Ciudadanos Soberanos Moros” y “herederos legítimos del mítico imperio del norte de África”, ha reclamado dos hectáreas de tierra para colocarlas bajo la jurisdicción marroquí.

Todos los domingos desde 2021, numerosos jóvenes y mayores se reúnen en el lugar en un ambiente familiar para compartir juntos una parrillada y el amor por las armas, informa Le360.

Desde 2019, el terreno es propiedad de Byron Bell, de 64 años, quien en septiembre de este año declaró su ciudadanía mora- estadounidense. Cuenta con el apoyo de Mark Choppa Manley, un influencer en redes sociales, exguardia de seguridad y promotor de esta propiedad como hogar de la “Comunidad Choppa”, una escuela sobre las armas de fuego para afroamericanos. En medio de una ola de crímenes violentos, Mark Choppa Manley se dirige a la comunidad negra del condado de Prince George que busca armarse para protegerse.

Con el paso del tiempo, el número de socios ha aumentado y el lugar, una apacible propiedad agrícola se ha transformado en un verdadero campo de tiro donde se utilizan armas de grueso calibre.

Las quejas de los vecinos a las autoridades, exasperados por la contaminación acústica de estos tiroteos dominicales, lograron que el terreno fuera declarado “campo de tiro ilegal. Pero Byron Bell no ha cedido y cree que él y sus amigos son señalados injustamente en un estado donde “todo el mundo está disparando” y, además, él puede hacer lo que quiera con sus tierras. Para eludir la prohibición, decretó que la finca estaba ”protegida por la jurisdicción consular de Marruecos”.

Estos americanos, que reivindican su marroquinidad en los documentos de identidad, su bandera e incluso los tarbouches (sombrero rígido masculino hecho de fieltro, a menudo rojo, en forma de un cono truncado, adornado con una borla negra) que visten, pertenecen al Templo de la Ciencia Morisca de América, una organización religiosa que data de 1913 y que tienen sus raíces históricas en Marruecos y que estarían basadas en los fundamentos y textos del Islam.

Según ellos, los afroamericanos serían los descendientes de los moros del noroeste de África, entendiéndose que el término “moriscos” designaba a los musulmanes en la época medieval. Como “ciudadanos soberanos moros”, herederos “de un imperio ficticio que se extendía desde el actual Reino de Marruecos hasta América del Norte”, reclaman así “las mismas protecciones frente a las demandas estadounidenses otorgadas a los ciudadanos extranjeros”; al mismo tiempo que afirman sus derechos a sus propiedades, a menudo casas bien equipadas, que –afirman- todavía forman parte del “imperio marroquí”, explican los medios estadounidenses, no sin ironía.

En el caso de la propiedad de Byron Bell, a los funcionarios del condado se les enviaron documentos, calificados como “confusos”, adornados con símbolos como la estrella y la media luna y el Ojo de la Providencia en forma de pirámide que aparece en el reverso del billete de dólar. Los miembros del grupo argumentan que la disputa por la tierra de Byron Bell está sujeta a los términos de un tratado establecido en 1836 entre los Estados Unidos y Marruecos, relativo a los derechos de los nacionales de los Estados Unidos de América en Marruecos.

Una de estas cartas “oficiales” también está rubricada por Lamont Maurice El, cuyo verdadero nombre es Lamont Maurice Butler, quien dice ser el cónsul general de la “Corte Consular de Marruecos en la República del Estado de Maryland”. Fue declarado culpable de varios cargos en 2013 tras haber intentado ocupar una mansión de doce habitaciones, según el mismo proceso que para la propiedad de Byron Bell.

Lamont Maurice Butler y otro miembro del grupo, George Beal-Bey, fueron arrestados entonces, acusados de varios cargos sobre uso ilegal de armas de fuego. Byron Bell se ha negado a cerrar su propiedad y no ha comparecido en ninguna audiencia judicial. Se enfrenta una multa por desacato a la corte de 350.000 dólares.