Brasil

Bolsonaro arremete contra Lula y compara el asalto con las “manifestaciones convocadas por la izquierda”

El ex presidente niega cualquier responsabilidad en el intento de golpe en Brasilia y muestra su repudio por las acusaciones “sin pruebas” de Lula da Silva

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, saluda a sus simpatizantes al llegar a un mitin de motociclistas en Pocos de Caldas
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, saluda a sus simpatizantes al llegar a un mitin de motociclistas en Pocos de CaldasAndre PennerAgencia AP

Más de siete horas de diferencia desde que se produjo el asalto al Congreso de Brasil, el ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro ha hablado sobre lo sucedido para negar su responsabilidad en el secuestro de las instituciones en Brasilia por parte de sus simpatizantes. Bolsonaro ha asegurado que durante su mandato “siempre” ha cumplido con la Constitución, “respetando y defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia y la sagrada libertad”. “Además, repudio las acusaciones, sin pruebas, que me atribuyó el actual jefe del Ejecutivo de Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva)”, ha escrito el exmandatario en una serie de mensajes publicados en su perfil de la red social Twitter.

Asimismo, Bolsonaro ha comparado los hechos acontecidos este domingo, que ha calificado de “depredaciones e invasiones” con las “manifestaciones convocadas por al izquierda”, asegurando que “escapan la regla”, ya que “las manifestaciones pacíficas, en forma de ley, son parte de la democracia”.

El ministro de Justicia, Flávio Dino, ha afirmado que Bolsonaro es políticamente responsable de los ataques a las instituciones democráticas que han tenido lugar este fin de semana después de semanas de amenazas.

“Políticamente está claro que, en la medida en que hubo una transición conflictiva y que no hubo reconocimiento del resultado electoral y, por el contrario, hubo una instigación a creer en esoterismo, exotismo, tesis extrañas o agresivas, está claro que la responsabilidad política es inequívoca”, ha afirmado Dino, tal y como recoge la cadena O Globo.

“La responsabilidad jurídica, obviamente, recae en el Poder Judicial, en el Ministerio Público. No veo, en este momento, ningún elemento de responsabilidad legal para el ex presidente”, ha precisado el titular de la cartera, que ha agregado que puede “aparecer” responsabilidad legal pero que ahora no hay.

Aun así, ha reiterado que sí existe responsabilidad política. “Todos aquellos que quieran polarizar, instigar a la práctica de delitos o extremismos son políticamente responsables, por acción o por omisión”, ha remachado.

Cómplices del asalto

Un juez de la Corte Suprema de Brasil apartó de su cargo al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, por 90 días, tras el asalto. La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, que también ordenó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actuar para liberar cualquier tipo de vía o edificio publico ocupado por partidarios del expresidente Jair Bolsonaro en todo el país.

El juez, que atendió una petición de aliados de Lula, indicó que “la escalada violenta” contra la sede de los tres poderes “solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva,” de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia. Asimismo, subrayó que la organización de esos actos golpistas era un “hecho notorio y sabido, que fue divulgado por la prensa brasileña”.

De esta forma, De Moraes señaló directamente a Rocha, quien horas antes había pedido disculpas al presidente Lula y a la cúpula de los poderes Legislativo y Judicial por los graves acontecimientos ocurridos en la tarde del domingo en la capital brasileña.

Rocha también había destituido de forma fulminante a su secretario de Seguridad, Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en los dos últimos años del Gobierno de Bolsonaro (2019-2022) y es una figura muy cercana del ahora exgobernante.

Ante el caos generado, el presidente Lula decretó la intervención federal del área de seguridad de Brasilia hasta el próximo 31 de enero, con lo que las policías regionales estarán bajo control del Gobierno central durante ese periodo.

El asalto al Congreso, la Presidencia y el Supremo solo se resolvió después de cuatro horas y media de desconcierto, cuando agentes antidisturbios cargaron y lanzaron gases lacrimógenos contra los exaltados que estaban dentro y fuera de los edificios de los tres poderes.