El Supremo de Brasil ordena desmantelar todos “los campamentos golpistas” y detiene a 1.200 bolsonaristas

Máxima tensión en Brasil. Centenares de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro superaron este domingo la barrera policial y accedieron al Congreso en Brasilia para exigir al Ejército un golpe militar para “derrocar” al presidente Lula da Silva.

Los bolsonaristas, algunos con las caras tapadas, destrozaron los cristales del exterior, entraron al Congreso e invadieron la cámara de diputados destrozando el mobiliario. Las policías del Legislativo y la Fuerza Nacional de Seguridad, un grupo de élite de agentes de los diferentes estados, lanzaron gases lacrimógenos para dispersar, sin éxito, a los manifestantes, que portaban banderas brasileñas y algunos estaban armados con palos.

Poco después de las diez de la noche hora peninsular española, las autoridades brasileñas no habían podido frenar esta amenaza a la democracia brasileña de una marea de centenares de simpatizantes del ex capitán del ejército y ex presidente brasileño, Jair Bolsonaro. Desde Sao Paulo, pocas horas después de los asaltos, Lula anunció que volverá a Brasilia y aseguró que los asaltantes “serán castigados de manera ejemplar”. El mandatario brasileño del Partido de los Trabajadores (PT) responsabilizó al ultraderechista Bolsonaro y “a los partidos que le han apoyado”.

El Tribunal Supremo de Brasil ha ordenado este lunes al Ejército del país desmantelar todos los “campamentos bolsonaristas” que existen en el territorio nacional en un plazo de 24 horas. El magistrado Alexandre de Moraes ha recalcado así la importancia de que estos campamentos -situados en territorio ajeno al Ejército- sean completamente desmantelados a medida que la Policía arresta a “todos aquellos manifestantes que aún queden en las calles”. Hay al menos 1.200 bolsonaristas detenidos en el campamento que habían montado frente al cuartel general del Ejército y desde el que fueron lanzados los ataques del domingo contra las sedes de los tres poderes en Brasil.

Los seguidores del expresidente han sido detenidos después de que, cercados por la Policía y el Ejército, desmontaran pacíficamente el campamento en que se refugiaban. Según el Ministerio de Justicia, los bolsonaristas detenidos fueron conducidos en al menos 40 autobuses hasta la sede de la Policía Federal, donde serán identificados para intentar establecer si participaron en los ataques violentos del domingo y fichados por si en un futuro surgen pruebas en su contra. Tan solo permanecerán arrestados los que sean señalados como participantes en los actos vandálicos y los que tengan algún indicio en su contra.

Los presos se sumarán a las cerca de 300 personas que fueron detenidas el domingo por su responsabilidad en los ataques.

En una nueva orden judicial, Moraes ha dicho que “nada justifica la existencia de campamentos de terroristas, financiados con la complacencia de autoridades civiles y militares de forma totalmente subversiva y sin respeto alguno hacia la Constitución”. Moraes ha alertado, además, de que los comandantes y altos cargos de las Fuerzas Armadas, la Policía y el Ministerio de Defensa llevarán ante la Justicia en caso de que estos campamentos sigan existiendo.

Tras el asalto a la sede de la soberanía popular, los bolsonaristas se dirigieron al Palacio de Planalto, el palacio presidencial de Brasil y sede del poder ejecutivo, y el Tribunal Supremo, sede del poder judicial. Lula anunció la firma de un decreto para que el gobierno central se ocupe de la seguridad en Brasilia esta ciudad hasta el 31 de enero para garantizar la seguridad pública: “Decreto la intervención general del distrito federal de Brasilia. El gobierno federal ha intervenido la capital brasileña aplicando artículos de la constitución que permiten en determinados casos esa intervención del gobierno central en las materias de seguridad de gobiernos estatales o regionales”.

Los manifestantes, la mayoría con camisetas amarillas y verdes, se habían concentrado frente al Cuartel General del Ejército, en el centro administrativo de Brasilia, y marcharon hasta la Explanada de los Ministerios, donde se produjo el primero de los asaltos de los seguidores golpistas de Bolsonaro.

Los bolsonaristas entraron en la azotea del Congreso. Mientras algunos seguidores de Bolsonaro seguían en el Congreso e intentaban entrar en su despacho del Congreso, informaba la prensa local, Lula se encontraba este domingo en Araraquara (Sao Paulo) en un viaje oficial. El presidente brasileño ordenó la intervención del gobierno central de esta ciudad-Estado, donde se encuentran las principales sedes del Estado brasileño.

La Policía recupera el control

Mientras Lula mantenía una reunión telemática con sus ministros ante el intento de los bolsonaristas de provocar un golpe de Estado militar, policías antidisturbios entraron al palacio presidencial de Planalto logrando desalojar a los cientos de seguidores radicales de Bolsonaro. Decenas de agentes subieron la rampa que da acceso a la primera planta del palacio disparando gases lacrimógenos, mientras otro grupo de uniformados rodeaba el edificio.

Los efectivos de la policía entraron también en el Congreso y la sede del Supremo Tribunal Federal, desalojando a los golpistas y retomando el control del edificio. Tras recuperar el control de las tres principales sedes del Estado brasileño, pasadas las once de la noche hora peninsular española, los antidisturbios continuaban enfrentándose a los radicales en la conocida como como Explanada, en las inmediaciones de la plaza de los Tres Poderes, donde se ubican las sedes del legislativo, ejecutivo y judicial, mientras mantienen un cerco en la zona.

Buena parte de los radicales comenzaron a retirarse al caer la noche en Brasilia, informan medios locales. Además, se ha informado de que al menos diez periodistas fueron agredidos o robados en los incidentes de Brasilia, según ha denunciado el Sindicato de Periodistas Profesionales del Distrito Federal. En concreto se habrían producido agresiones físicas, amenazas y destrucción de material de trabajo de los informadores.

En Sao Paolo, los bolsonaristas cortaron la principal avenido de la ciudad e impedieron la circulación en la inmediaciones del aeropuerto. Lula señaló que “vamos a intentar descubrir quien financió todo esto, quién pagó la estancia en Brasilia de todas estas personas”: “Investigaremos también si alguien del gobierno federal está metido en estado”. “Tememos que la seguridad de todo lo que ha pasado dependía de la Policía de Brasilia que no era la del gobierno que presido ni del gobierno del Interior”, aseguró Lula.

Destituido el responsable de seguridad

El responsable de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, fue destituido. La Fiscalía General del Estado pidió también la detención de Torres. El profesor de Ciencia Política de la Universidad Estatal de Campinas, André Kaysel, no entiende como un apoyo el silencio de las Fuerzas Armadas brasileñas debido a que Lula no ha activado una orden que le permite pedir su intervención: “Lula ha preferido no apoyarse en el ejército, tal vez por la tendencia ideológica dentro de las Fuerzas Armadas a favor de Bolsonaro”, explica a LA RAZÓN el catedrático brasileño.

Desde Sao Paulo, Lula comentó que “nunca había ocurrido” esta amenaza golpista responsabilizando a Bolsonaro por sus denuncias sin pruebas de fraude electoral durante meses antes y después de las elecciones: “En ningún momento vieron ustedes que nadie de mi partido hiciese algo así, que pusiésemos en cuestión que había ganado el presidente de la República. El bolsonarismo ha estimulado este movimiento”.

El ministro de Justicia, Flavio Dino, afirmó que “no prevalecerá la voluntad de los radicales”. Anteriormente, aseguró haber mantenido contactos con los gobernadores para abordar “actos antidemocráticos” ocurridos recientemente en el país en referencia a las manifestaciones de rechazo a la toma de posesión de Lula.

Lula, quien tomó posesión por tercera vez el pasado 1 de enero tras gobernar Brasil de 2003 a 2010, ha reprochado a Bolsonaro que “no estuvo presente en la mayor fiesta de la democracia brasileña. Nunca los negros, indígenas y otros sectores desfavorecidos habían colocado la banda presidencial al presidente brasileño. Todo el mundo sabe que hay varios discursos del presidente Bolsonaro estimulando todo esto, estimulando la invasión de los tres poderes. La responsabilidad es de él y de los partidos que le han apoyado”.

Reunión de emergencia

Tras el asalto al Congreso, el ministro de Justicia, Flavio Dino, convocó una reunión de emergencia con los organismos de seguridad para hacer frente a las manifestaciones. Antes de la marcha, Dino aseguró que los opositores deberán esperar a las elecciones de 2026 para que Lula salga del poder. Pese a la mayor afinidad del ejército brasileño con las posiciones de Bolsonaro, en las primeras horas de la noche en España las Fuerzas Armadas brasileñas mantenían su lealtad al orden constitucional. Durante meses antes de las elecciones, Bolsonaro denunció sin pruebas un “fraude” a favor de Lula.

Los campamentos de los bolsonaristas radicales, que se han multiplicado en ciudades de todo el país, comenzaron a ser desmontados el viernes en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, donde ocurrieron algunos disturbios. Dino autorizó la actuación de la Fuerza Nacional de Seguridad, un grupo de élite de los cuerpos de Policía de todo el país que moviliza las operaciones especiales.

Bolsonaro no ha reconocido la victoria de Lula desde que el pasado 30 de octubre el líder de la izquierda venciese en la segunda vuelta de las elecciones con el 50,9% de los votos frente al 49,1% de Bolsonaro, la diferencia más ajustada desde el regreso de la democracia en 1985 tras la dictadura militar (1964-1985).

Bolsonaro niega su responsabilidad

La tensión agitada por Bolsonaro durante meses, antes y después de las elecciones, explotó este domingo en Brasilia. El exdirigente brasileño continúa en Orlando (EE UU) a donde viajó un día antes de la toma de posesión de Lula el pasado 1 de enero evitando otorgarle la banda presidencial, una tradición de la política brasileña. Los golpistas denuncian la supuesta llegada del “comunismo” a Brasil y exigen al ejército un golpe de Estado que ponga fin al gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) y una amplia coalición de partidos de izquierdas y centro-derecha.

Más de siete horas después del ataque a los edificios públicos, el expresidente negó su responsabilidad en el asalto a las instituciones en Brasilia por parte de sus simpatizantes. Bolsonaro aseguró que durante su mandato “siempre” ha cumplido con la Constitución, “respetando y defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia y la sagrada libertad”.

“Además, repudio las acusaciones, sin pruebas, que me atribuyó el actual jefe del Ejecutivo de Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva)”, escribió el exmandatario en una serie de mensajes publicados en su perfil de la red social Twitter.

Asimismo, Bolsonaro ha comparado los hechos acontecidos este domingo, que ha calificado de “depredaciones e invasiones” con las manifestaciones convocadas por al izquierda”, asegurando que “escapan la regla”, ya que “las manifestaciones pacíficas, en forma de ley, son parte de la democracia”.

Desde la victoria de Lula el pasado 30 de octubre, los campamentos golpistas de los afines al líder de la ultraderecha brasileña se han mantenido activos exigiendo un golpe militar y la “detención” de Lula.

Condena internacional

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió la aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) en respuesta a las sedes del poder legislativo, ejecutivo y judicial por parte de los seguidores de Bolsonaro: “Es hora de urgente reunión de la OEA si quiere seguir viva como institución y aplicar la carta democrática. Toda mi solidaridad a Lula y al pueblo de Brasil. El fascismo decide dar un golpe. Las derechas no han podido mantener el pacto de la no violencia”. Petro ha recordado que su gobierno ha defendido fortalecer el sistema interamericano de Derechos Humanos aplicando las normas vigentes y ampliando la carta de los derechos de la mujer, ambientales y colectivos “pero la respuesta son golpes parlamentarios o golpes violentos de la extrema derecha”.

Mientras las autoridades brasileñas parecían estar midiendo la respuesta al asalto de centenares de bolsonaristas al Congreso, el Palacio de Gobierno y el Tribunal Supremo, las muestras de apoyo a la democracia brasileña y al presidente Lula han llegado también desde Argentina. “Estamos junto al pueblo brasileño para defender la democracia y no permitir nunca más el regreso de los fantasmas golpistas que la derecha promueve”, ha afirmado el presidente argentino, Alberto Fernández. El mandatario argentino ha asegurado que “la democracia es el único sistema político que garantiza libertades y nos obliga a respetar el veredicto popular”: “Demostremos que con firmeza y unidad nuestra total adhesión al Gobierno elegido democráticamente por los brasileños que encabeza el presidente. El presidente chileno, Gabriel Boric, ha calificado de “impresentable” el “ataque a los tres poderes del Estado Brasilero por parte de bolsonaristas. El gobierno de Brasil cuenta con todo nuestro respaldo frente a este cobarde y vil ataque a la democracia”.

Pocos días antes de la toma de posesión del Lula el pasado 24 de diciembre, la Policía arrestó a un hombre que pretendía hacer explotar un camión de combustible cerca del Aeropuerto de Brasilia para incitar a un levantamiento golpista. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó “todo” su “apoyo al presidente Lula y a las instituciones libre y democráticamente elegidas por el pueblo brasileño”: “Condenamos rotundamente el asalto al Congreso de Brasil y hacemos un llamamiento al inmediato retorno a la normalidad democrática”.

El gobierno de España ha expresado su “apoyo incondicional” al presidente Lula en un comunicado: “El Gobierno de España expresa su apoyo incondicional al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, elegido democráticamente por el pueblo brasileño y proclamado legítimo presidente del país por las instancias electorales competentes de Brasil. Deseamos expresar nuestro rechazo a cualquier iniciativa o actitud que ponga en cuestión el proceso democrático brasileño por parte de sectores que no quieren aceptar los resultados emanados de la voluntad del pueblo de Brasil”.

La amenaza bolsonarista a la democracia brasileña se produce dos años después del asalto al Capitolio en Washington (EE UU) el 6 de enero de 2021 de los seguidores del expresidente estadounidense Donald Trump, referente político de Bolsonaro.