Macron afronta un invierno caliente por su reforma de las pensiones

Los franceses se jubilarán con 64 años a partir de 2030, lo que supone retrasar en dos años la edad actual de la jubilación. Esta es la principal premisa sobre la que se asienta la polémica reforma de las pensiones que la primera ministra, Elisabeth Borne, ha anunciado este martes por la tarde. La bautizada por la prensa gala como “madre” de todas las reformas, debido a su calado social y a sus potenciales consecuencias en la calle, era una promesa de campaña del presidente Emmanuel Macron que ya fue pospuesta por la crisis sanitaria y ahora se relanza con la oposición de todos los sindicatos y la oposición de izquierda y de ultraderecha. “Con una edad legal de jubilación de 64 años a partir de 2030 y 43 años de cotización, lograremos el objetivo: nuestro redistributivo alcanzará entonces el equilibrio” ha dicho Borne en rueda de prensa en París.

El gobierno, ahora en minoría parlamentaria, buscará el apoyo de la derecha moderada en la Asamblea Nacional, clave para la tramitación de la reforma, y ha dado muestras de cierta flexibilidad para desactivar un previsible estallido social cuya magnitud es difícil de calibrar. La máxima que Macron usa para justificar la necesidad de la reforma es sencilla y Francia no es la primera ni última sociedad del bienestar afectada: hay que “trabajar más” para “asegurar el equilibrio” del sistema de pensiones en los próximos años. Así lo explicó el propio Macron en su mensaje de Año Nuevo. El Ejecutivo galo se basa en las proyecciones del Consejo de Orientación de las Pensiones, un organismo público independiente, cuyos informes han sido objeto de interpretaciones distintas por parte del Ejecutivo y la oposición. Según ha dicho el Gobierno, el sistema de pensiones registrará un equilibrio a corto plazo, pero se prevén déficits en las próximas décadas a medida que disminuye el número de personas que cotizan por cada jubilado, debido al envejecimiento general.

La reforma también recoge algunas excepciones que el gobierno habría hecho a Los Republicanos para ganarse su apoyo parlamentario como el hecho de que aquellos que comenzaron a trabajar antes de los 20 años puedan jubilarse entre los 58 y los 62 años y que ciertos colectivos como militares, bomberos o policías escapen a la regla con la posibilidad de jubilaciones anticipadas.

Aunque finalmente el retraso de la edad será menor que los 65 años por los que apostaba Macron en su primer mandato cuando intentó articular la reforma, la concesión de un año menos no parece ser suficiente para desactivar los movimientos de las próximas semanas. La reforma pasará por Consejo de Ministros el día 23 de enero pero los sindicatos ya prevén movilizarse antes. “Si Macron quiere llevar a cabo la madre de todas las reformas, para nosotros será la madre de todas las batallas” dijo hace unos días el jefe del sindicato Fuerza Obrera, Frédéric Souillot, anticipando lo que puede venirse por delante. De momento los sindicatos ya han anunciado una jornada de movilización general el próximo 19 de enero.

Aunque algunos observadores temen un estallido de ira popular como los “chalecos amarillos”, que golpearon el primer mandato de Macron e impulsaron su imagen de “presidente de los ricos”, también apuntan a un cansancio general. La oposición tanto de izquierdas como de ultraderecha ha mostrado más colmillo que propuestas alternativas a la del gobierno. La Francia Insumisa del izquierdista Jean-Luc Mélenchon, ya ha llamado a manifestarse el 21 de enero en contra de la reforma. Por su parte, la ultraderechista Le Pen citó la coyuntura para interpelar a Borne: “¿De verdad cree que es bueno para el país empezar el año proponiendo precisamente una reforma de las pensiones, a la que se opone el 70% de los franceses?”. Pese a ser una realidad en países vecinos, una mayoría de franceses rechazan un retraso de la edad de jubilación: casi dos tercios, un 68%, se oponen a tener que jubilarse a partir de 64 años, según un sondeo de Ifop-Fiducial.