Afganistán: otra tragedia en la oscuridad talibán

Esta semana Afganistán ha vuelto a verse sacudido por otro virulento temblor de tierra y, como ocurriera con los seísmos de junio de 2022 y octubre de 2023, sus autoridades, desbordadas e incapaces, se han limitado de nuevo a hacer recuento de víctimas y daños. El último balance de las autoridades talibanes -el grupo insurgente recuperó hace ahora cuatro años el poder tras una fulgurante e inesperada operación estratégica veinte años después de haber sido derrocado por las fuerzas de la OTAN- elevaba el número de muertos por encima de los 2.200 y el de heridos superaba los 3.600. Las cifras de víctimas del temblor de tierra de magnitud 6 en la escala de Richter continuarán aumentando toda vez que las autoridades reconocen que decenas de localidades han quedado arrasadas -la construcción habitual en las zonas de montaña se hace a partir del barro y la madera-, al igual que las carreteras o rutas, y a la imposibilidad de acceder a zonas remotas de montaña con los medios a su alcance. Por si fuera poco, el seísmo del domingo ha tenido varias réplicas -la del jueves pasado de magnitud 5,6-, lo cual ha complicado aún más las labores de rescate y asistencia a los damnificados.

La nueva catástrofe que se ceba con Afganistán evidencia la incapacidad del nuevo Emirato Islámico -que regresó con los mismos fundamentos ideológicos y praxis que su predecesor, que gobernó de manera dictatorial entre 1996 y 2001- a la hora de gestionar la dura realidad de uno de los países más pobres y aislados del mundo. Desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, el marco jurídico de Afganistán ha sido totalmente desmantelado y sustituido por un sistema basado en la religión y conformado por su estricta interpretación de la sharía o ley islámica, como era previsible. En una reciente comunicación difundida con motivo del cuarto aniversario de los insurgentes en Kabul, Amnistía Internacional denunciaba que «es un sistema plagado de incoherencias, en el que la impunidad y la ausencia de rendición de cuentas son generalizadas».

El nuevo Emirato talibán asume desde su irrupción en Kabul una situación socioeconómica dramática. Según datos de Naciones Unidas, Afganistán se enfrenta de manera habitual a desafíos humanitarios sistémicos y la mitad de su población -unos 22,5 millones de personas- necesita asistencia. Además, la sequía ha agravado la inseguridad alimentaria y los drásticos recortes de financiamiento a los programas humanitarios tras el regreso de los talibanes al poder han obligado a cerrar cientos de centros de ayuda. «El terremoto se produce en un momento en el que las comunidades vulnerables estarán extremadamente expuestas a presiones adicionales», explicaba el representante de Naciones Unidas para asuntos humanitarios en Afganistán Indrika Ratwatte. «Estamos al borde del colapso en cuanto a la respuesta a las múltiples crisis humanitarias que sufre el país».

Si en su incapacidad de modernización ideológica y de gestión los talibanes no han dado ninguna sorpresa, tampoco lo han hecho al respecto de la consideración de la mujer tras dos décadas de progresos. Como era previsible, las mujeres afganas han sido borradas de la vida pública. Las niñas tienen prohibido asistir a la escuela a partir de los trece años, las mujeres están vetadas de la mayoría de los trabajos y de la vida política. En muchas regiones no pueden salir a la calle sin la compañía de un hombre. La mayoría ha perdido la capacidad de tomar decisiones dentro de sus propios hogares. Las anunciadas prohibiciones para que las mujeres estudien medicina y la restricción de recibir atención médica de doctores varones, sumadas a recortes de ayuda internacional, han provocado una crisis sanitaria para las mujeres. «En consecuencia, la mortalidad materna está aumentando, los matrimonios infantiles se disparan y la violencia contra las mujeres crece sin control», denunciaba el mes pasado Naciones Unidas. Cuatro años transcurridos desde su llegada a Kabul -y de la salida precipitada de las fuerzas estadounidenses en una huida juzgada por no pocos como humillante-, los talibanes siguen sin tener reconocimiento oficial con la excepción de la Rusia de Putin.

Con todo, en la práctica varios son los países que cooperan de facto con Kabul, a la cabeza China -interesada en mantener relaciones con un país clave en la iniciativa de la Franja y la Ruta- y la República Islámica de Irán, lo que constata el hecho de que el mundo ha renunciado a exigir mejoras en el respeto a los derechos humanos en el malhadado país de Asia Central.