El caso de las esterilizaciones forzadas de Perú sigue estancado

(EFE). El caso de las esterilizaciones forzadas cometidas en Perú durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) se encamina a su día clave, en el que se decidirá si se abre juicio o es archivado, tras casi tres meses de una audiencia maratoniana.

El juez Rafael Martínez continuó este lunes sin desvelar su fallo, algo que se ha reservado para emitir aparentemente el próximo sábado tras suspender por décima vez la audiencia, ante la incertidumbre de las víctimas, que llevan 25 años a la espera de Justicia.

La audiencia en la que se evalúan los 182 indicios presentados por la Fiscalía a lo largo de 16 años de investigación comenzó el 14 de septiembre y, con suerte, culminará el próximo sábado, según lo anticipado por el magistrado.

En la sesión celebrada este lunes, que tomó más de siete horas, el titular del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio de la Corte Superior Nacional consideró que en las esterilizaciones forzadas hubo responsabilidad de los altos funcionarios involucrados en el caso.

Según anticipó Martínez, los médicos y enfermeras a cargo de realizar las ligaduras de trompas se saltaron los protocolos y guías clínicas ante la obligación de cumplir las exigentes metas impuestas desde las altas direcciones, en una escala de mando que alcanzaría al mismo jefe de Estado, que estaba al tanto.

DERECHOS HUMANOS VIOLADOS

El magistrado reiteró que, fruto de estos hechos, se violaron derechos humanos en una estrategia de salud que causó por lo menos cinco muertes, que son las vinculadas en esta investigación, entre ellas la de Mamérita Mestanza, la persona más emblemática de este caso.

Están acusados como autores mediatos (con dominio del hecho) tanto Fujimori como sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, quien actualmente es congresista del partido fujimorista Fuerza Popular.

En caso de que se aceptara la acusación contra Fujimori, este no podría ser juzgado si la Justicia peruana no solicita a la Corte Suprema de Justicia de Chile la ampliación de los cargos de la extradición aprobada en 2005, después de que el exmandatario fuese detenido en el vecino país.

Fujimori, de 83 años, ya cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad como autor mediato del asesinato de 25 personas, entre ellas un niño de 8 años, en las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas a cargo del grupo militar encubierto Colina.

Según el fiscal a cargo del caso, Fujimori es el máximo responsable por impulsar las esterilizaciones como un método sistemático de reducción de la pobreza mediante la disminución de la tasa de natalidad.

NÚMERO INCIERTO DE VÍCTIMAS

Las esterilizaciones forzadas ocurrieron durante la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, donde se incrementaron ostensiblemente la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), como se les denominó a las ligaduras de trompas y vasectomías.

Durante ese periodo fueron esterilizadas cerca de 300.000 personas, entre ellas más de 272.000 mujeres y unos 22.000 hombres, según los reportes del Ministerio de Salud recogidos por la Defensoría del Pueblo, pero en la actualidad aún se desconoce cuántas de ellas fueron forzadas.

Por ahora, hay algo más de 8.000 víctimas inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el año 2016.

Poco más de 2.000 son las que han denunciado formalmente haber sido esterilizadas de manera forzosa, de las que 1.307 terminaron con lesiones graves, y de ellas cinco fallecieron a causa de las secuelas de la intervención.

Las denunciantes, en su mayoría mueres pobres, andinas, indígenas y quechuahablantes, afirman haber sido sometidas a las ligaduras de trompas sin que ellas hubiesen dado su consentimiento, bajo amenazas y coacciones o directamente sin que ellas fuesen conscientes de la intervención tras haber solicitado otro procedimiento médico.

En el emblemático caso de Mestanza, una campesina de 33 años con 7 hijos, ella accedió a la ligadura de trompas sin ser informada debidamente de los riesgos de la operación y tras diez visitas de carácter intimidatorio a su casa por parte del personal de salud de la zona que llegaron a utilizar mentiras como que tener más de 5 hijos era delito.