Los estados de EEUU entran en una batalla legal para mantener el aborto

La Corte Suprema de Estados Unidos ha eliminado el derecho constitucional al aborto en un dictamen que ha sacudido el panorama político nacional y ha desatado temores entre progresistas de que su ola conservadora arrasará también con las protecciones de minorías.

En un dictamen de 6-3 emitido el viernes en el caso “Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization”, la máxima corte reafirmó una ley de Mississippi que en cuestión de días prohibirá casi todos los abortos después de 15 semanas de gestación. La decisión anula el derecho constitucional al aborto -consagrado en un dictamen de 1973 en el caso conocido como “Roe v. Wade”- y permite que los gobiernos estatales restrinjan o eliminen el acceso al aborto y aumenten las sanciones contra médicos que provean ese servicio.

Según el Instituto Guttmacher, hasta mayo pasado,22 estados han presentado cerca de 550 restricciones al aborto, incluyendo su eliminación total, de las cuales 37 han entrado en vigor.

Las leyes y sanciones anti-aborto varían de un estado a otro, y ahora cabe la posibilidad de que se adopten leyes para enjuiciar a mujeres bajo cargos de homicidio tras someterse a un aborto. Esto, a su vez, daría pie a estados “santuario”, como Nueva York, que protegen el derecho al aborto, según analistas.

En declaraciones a La Razón, Osub Ahmed, subdirectora para la salud y los derechos de la mujer del Centro para el Progreso Estadounidense, explicó que, para efectos prácticos, el dictamen producirá el cierre de clínicas de aborto y aumentará su coste para quienes tengan que viajar a otros estados para poner fin a su embarazo.

“Muchos de estos estados con restricciones están en el sur y la zona central del país, que tienen grandes poblaciones de minorías y personas de bajos recursos. Este dictamen les afectará mucho, porque además viven en estados con muchas desigualdades y poco apoyo para las familias”, enfatizó Ahmed.

Una decisión “draconiana”

Los tres jueces del ala progresista de la corte, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor, y Elena Kagan, advirtieron en un documento de disensión que la decisión “draconiana” de la mayoría conservadora restringirá “los derechos de las mujeres y de su estatus como ciudadanas libres e iguales”. Es decir, el dictamen resta importancia al derecho de las mujeres de “controlar su cuerpo y el camino de su vida”, argumentaron.

La decisión enfrentó a progresistas, que temen el colapso de otros derechos y protecciones, y a conservadores, que durante cinco décadas impulsaron campañas para sepultar el dictamen de “Roe v. Wade” y buscan frenar, por ejemplo, los matrimonios homosexuales.

Desde que se filtró el borrador de esa decisión en mayo pasado, estados bajo control demócrata promovieron medidas para fortalecer el acceso al aborto, mientras que estados dirigidos por republicanos aprobaron restricciones que entrarían en vigor una vez que “Roe v. Wade” fuese eliminado, como la ley de Mississippi.

En Estados Unidos, el presidente de turno nombra a los jueces vitalicios de la Corte Suprema cuando surge una vacante y éstos deben ser confirmados por el Senado. El expresidente republicano, Donald Trump, logró colocar a tres jueces conservadores - Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh y Amy Coney Barrett- en parte porque el Partido Republicano bloqueó el proceso de confirmación del juez Merrick Garland, propuesto por Barack Obama en 2016 en plena contienda presidencial.

La decisión de la corte, que también anuló un dictamen de 1992 relacionado al derecho al aborto, hace temer que más adelante eliminará otros derechos de grupos vulnerables. A corto emplazo, se prevé una prolongada batalla en cortes estatales y federales.

El juez conservador afroamericano, Clarence Thomas, dijo en un documento paralelo que la corte debería reevaluar dictámenes relacionados con la protección de matrimonios homosexuales, conductas homosexuales, y el acceso a anticonceptivos de parejas casadas porque, a su juicio, éstos también fueron “erróneos”.

“Nadie sabe con certeza qué pasará, pero a muchos les preocupa que la corte pueda alterar estos derechos fundamentales que cuentan con el apoyo de la mayoría de los estadounidenses”, dijo Ahmed.

Una nación más dividida

La racha de dictámenes de la corte a favor de causas conservadoras no ha hecho más que mermar la confianza de la opinión pública en su independencia jurídica. Según una encuesta divulgada por la empresa Gallup el jueves pasado, sólo una cuarta parte de los estadounidenses confía en la máxima corte, una baja de once puntos en tan solo un año. La baja de confianza es más pronunciada entre demócratas e independientes, mientras que entre los republicanos ese nivel de confianza subió dos puntos a un 39%.

La encuesta se llevó a cabo entre el 1 y 20 de junio pasados entre 1,015 adultos y tiene un margen de error de cuatro puntos porcentuales.

Por otra parte, casi seis de cada diez estadounidenses se oponen a la eliminación del derecho al aborto, mientras que solo el 32% la apoya, según otra encuesta de Gallup a principios de mes. Los resultados son similares al promedio nacional que Gallup ha documentado desde 1989. Entre los hispanos, el 60% apoya el derecho al aborto, según el Centro de Investigación Pew.

De cara a los comicios de noviembre próximo -que definirán el control del Congreso-, defensores de los derechos reproductivos de la mujer han prometido movilizar a los votantes en contra de quienes buscan restringirlos.