La reelección de Donald Trump como presidente en 2024 se presentó bajo una narrativa de candidato “pro-paz”, alguien que, tras un periodo de turbulencias internas y externas, prometía estabilidad para Estados Unidos. Sin embargo, apenas unos meses después de asumir su segundo mandato, su administración ha adoptado una estrategia mucho más agresiva hacia el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El 7 de agosto, la Casa Blanca anunció que duplicaba la recompensa por la captura del presidente Nicolás Maduro hasta 50 millones de dólares, reforzando su acusación de que el mandatario venezolano dirige un “cartel de narcoterrorismo” con vínculos con el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

Aunque el gobierno mexicano ha negado cualquier conexión con este último, la narrativa oficial de Trump busca encajar a Venezuela dentro del esquema global de la “guerra contra el terrorismo”.

La ofensiva dejó de ser retórica el pasado martes, cuando el propio Trump anunció desde la Casa Blanca que fuerzas estadounidenses habían destruido una embarcación proveniente de Venezuela presuntamente cargada con drogas. El ataque, que según el presidente causó la muerte de 11 supuestos miembros del Tren de Aragua, fue difundido a través de un video publicado en Truth Social que mostraba la explosión de una lancha en alta mar.

El gobierno de Caracas respondió de inmediato. El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, insinuó que el video podía haber sido generado con inteligencia artificial, aunque una verificación preliminar de Reuters no encontró pruebas de manipulación. Más allá de la polémica técnica, la decisión de destruir un barco sospechoso en lugar de interceptarlo y capturar a su tripulación encendió alarmas en la comunidad internacional. “Ser sospechoso de llevar drogas no equivale a una condena de muerte”, advirtió Adam Isacson, experto en seguridad regional del Washington Office on Latin America (WOLA).

El paralelismo con la estrategia aplicada contra grupos como Al Qaeda o el Estado Islámico es inevitable. Y es precisamente ese marco —la lucha contra el terrorismo— el que parece estar utilizando la administración Trump para abrir la puerta a acciones militares más contundentes contra Venezuela.

El ataque no fue un hecho aislado. En las últimas semanas, Washington ha desplegado siete buques de guerra y un submarino nuclear en el sur del Caribe, con más de 4.500 marinos y soldados a bordo. Entre ellos se cuentan el USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale, embarcaciones capaces de lanzar misiles de crucero y operaciones aéreas. La presencia de aviones de inteligencia P-8 sobrevolando la región completa un cuadro de movilización que supera con creces las misiones habituales de la Marina estadounidense en esas aguas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la operación argumentando que la droga incautada —o destruida— tenía como destino Trinidad y otros países del Caribe. “El presidente va a estar a la ofensiva contra los carteles”, aseguró. Sin embargo, en Caracas la percepción es otra: el verdadero objetivo no serían las bandas criminales, sino el propio gobierno de Maduro.

Venezuela insiste en que el Tren de Aragua fue desmantelado en 2023 tras un operativo penitenciario, y denuncia que Washington utiliza un “fantasma criminal” para justificar sus movimientos bélicos. La oposición venezolana, aunque crítica de Maduro, observa con cautela: un escenario de intervención militar podría agravar aún más la crisis humanitaria.

En Estados Unidos, la política genera divisiones. Los sectores más duros del Partido Republicano aplauden la mano firme de Trump, mientras que analistas de seguridad alertan sobre un posible “atolladero caribeño” semejante a Irak o Afganistán, pero en el hemisferio occidental.

Los países del Caribe y América Latina, por su parte, se encuentran en una posición incómoda. Aliados tradicionales de Washington como Colombia o República Dominicana temen que la militarización del Caribe desestabilice la región, al tiempo que gobiernos de izquierda como Brasil o México rechazan cualquier opción de intervención armada.

Más allá del frente militar, la política hacia Venezuela también tiene un componente doméstico. Trump sabe que endurecer su discurso contra Maduro le reporta réditos entre el electorado cubano y venezolano en Florida, un estado clave para cualquier aspiración presidencial. En ese sentido, la estrategia venezolana es tanto política exterior como política electoral.

El riesgo, sin embargo, es que una escalada mal calculada desemboque en un conflicto abierto. Los primeros bombardeos a embarcaciones y el despliegue naval masivo sugieren que la administración no descarta usar la fuerza más allá de operaciones quirúrgicas. La línea entre la “guerra contra el narcoterrorismo” y una guerra declarada contra Venezuela se está difuminando peligrosamente.