En un año electoral atípico, en el que los candidatos cortejan a los votantes en actos a lo largo y ancho del país de 7.107 islas, la carrera para liderar Filipinas ha arrancado con un elenco de aspirantes encabezados por el hijo del ex dictador Ferdinand Marcos junto a la hija de Rodrigo Duterte como favoritos, para así suceder con esta inquietante alianza al autoritario presidente y devolver a su clan al palacio de Malacanang, del que una vez tuvieron que huir.

La campaña electoral oficial de tres meses de duración para los cargos nacionales, incluidos el presidente y el vicepresidente y la mitad del Senado de 24 escaños, se ha iniciado bajo duras restricciones antivirus que incluyen la prohibición de los apretones de manos, los besos, los abrazos y las multitudes, con el objetivo de amortiguar los mítines de tipo carnavalesco que han sido el sello distintivo de las elecciones del país.

Dos de las familias políticas más conocidas se han aliado de cara a estos comicios, para consolidar y controlar el poder de forma estratégica. Ferdinand Marcos Jr. y su compañera de promoción, la hija del presidente y alcaldesa de la ciudad de Davao, Sara Duterte, dieron el pistoletazo de salida oficial el martes a su propuesta para mayo de 2022 en el Philippine Arena de Sta. Maria, Bulacan. Contaron con la afluencia de unas 25.000 personas, puesto que el estadio, con capacidad para 55.000 personas, funciona a media capacidad en cumplimiento de los protocolos sanitarios durante la pandemia.

Aunque este dúo dinástico todavía no cuenta con la bendición del presidente Duterte, la candidatura del llamado “UniTeam” cuenta con el apoyo del pastor Apollo Quiboloy, que se autodenomina “hijo designado de Dios” y que actualmente está en busca y captura por las autoridades estadounidenses por una serie de cargos, entre ellos el de tráfico sexual.

Recursos ante la Comisión Electoral

Desde que Marcos Jr. anunció su candidatura hasta el día de su mitin, continúa retumbando la fuerte oposición de amplios sectores de la sociedad y de las víctimas del brutal régimen de la ley marcial de su padre. Se han presentado impugnaciones legales ante la Comisión Electoral y, aunque ha sido absuelto de algunas, los demandantes han prometido que la lucha no ha terminado y que lo llevarán hasta el más alto tribunal del país. El candidato ha señalado que espera ganarse a sus críticos e incluso a las víctimas de la Ley Marcial con sus buenos programas y su sinceridad, aunque se niegue a disculparse por las atrocidades del régimen de su padre y cuestione los datos y los hechos al respecto.

Desde que era un niño, Marcos hijo, más conocido como “Bongbong”, sirvió de apoyo político a su padre, Ferdinand Marcos. El progenitor, un feroz anticomunista y un orador de gran talento que contaba con el apoyo de Estados Unidos, fue elegido en 1965 presidente por primera vez, pero su gobierno se convirtió rápidamente en una dictadura cleptocrática.

Declaró la ley marcial en 1972 y, aunque se levantó formalmente en 1981, la mayor parte de los poderes concedidos en virtud de la misma se mantuvieron hasta que se le obligó a abandonar el cargo en 1986. Durante su mandato, proliferaron las ejecuciones extrajudiciales y la corrupción.

Comparados con los Marcos, los Duterte son relativamente advenedizos en el mundo de las dinastías políticas; esto explica en parte por qué Duterte-Carpio se ha unido a “Bongbong”. La familia no se abrió paso hasta las nacionales hasta 2016, cuando de la forma más rocambolesca, Rodrigo fue elegido presidente. Sara es la alcaldesa de Davao, cargo que su padre ocupó durante más de dos décadas. Su hermano menor es actualmente el vicealcalde de la ciudad, un puesto que el vástago mayor ocupó hasta que ganó un escaño en el Congreso en 2019.

El mandatario quería que su hija se presentara este año a la presidencia, y no a un segundo plano, para protegerle de la Corte Penal Internacional que investiga su violenta guerra antidroga.

Al menos 8.600 muertos en la guerra antidroga

La administración de Rodrigo ha supervisado un declive constante de la libertad de prensa y el asesinato de decenas de activistas en redadas de las fuerzas de seguridad (muchos de los cuales habían sido “marcados en rojo”, es decir, acusados de ser guerrilleros comunistas o de apoyarlos). Al menos 61 abogados han sido asesinados durante su mandato, según las cifras recogidas por el sitio de noticias filipino Rappler. Naciones Unidas estiman, de forma conservadora, que las fuerzas de seguridad que llevan a cabo la “guerra contra las drogas” del presidente, una campaña de gran alcance que se ha dirigido principalmente a los pobres de las ciudades, han matado a más de 8.600 personas. Otros estiman que la cifra es considerablemente mayor.