El gobierno federal de EstadosUnidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ejecutó una medida sin precedentes al tomar el control de la policía metropolitana de Washington D.C., el pasado lunes. La justificación oficial se basó en la supuesta necesidad de responder a una amenaza de "bandas violentas y criminales sanguinarios", amparándose en la cláusula 740 de la Home Rule Act (ley de autonomía) del Distrito de Columbia.

Esta intervención extraordinaria provocó una inmediata reacción judicial, con el fiscal general de Washington, Brian Schwalb, presentando una demanda para impugnar la legalidad de tales acciones. El funcionario describió la intervención como un "control hostil" de la policía local, marcando el inicio de un tenso enfrentamiento entre poderes.

En una declaración a través de la red social X, Schwalb remarcó que las medidas son "claramente ilegales" y representan una "afrenta a la dignidad y la independencia" de los 700,000 residentes de la capital. A diferencia de los 50 estados de EE. UU., Washington opera bajo una relación especial con el gobierno federal que limita su autonomía.

La legislación que regula el control policial en el Distrito de Columbia establece un protocolo específico para la intervención federal. Después de un período inicial de 48 horas, cualquier extensión requiere una justificación formal por escrito ante el Congreso.