El goteo de profesionales que abandonan El Salvador por miedo a las represalias se ha convertido en una hemorragia incontenible. Solo en lo que va de año, 43 periodistas se han visto obligados a hacer las maletas, un éxodo que se aceleró de forma alarmante durante el mes de mayo, con 31 salidas forzosas del país. Estas cifras dibujan un panorama desolador para la libertad de información y confirman un acoso que ya no es silencioso, sino que resuena con fuerza fuera de sus fronteras.

De hecho, esta huida individual ha culminado en un golpe institucional sin precedentes. La histórica Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), fundada en 1936, ha anunciado el cierre de sus operaciones en el país, forzando su propia disolución en el exilio. La decisión, tomada tras casi noventa años de historia, supone la claudicación de la principal voz gremial ante la asfixia impuesta por el Gobierno de Nayib Bukele, marcando el fin de una era para la prensa centroamericana.

En este contexto, la gota que ha colmado el vaso ha sido la combinación de una nueva «Ley de Agentes Extranjeros», que controla férreamente la financiación exterior, y la negativa del Ejecutivo a renovar las credenciales de la asociación. Esta maniobra ha sido interpretada en el sector como el cierre definitivo de cualquier vía de diálogo, una situación que ha dejado a las organizaciones sin margen de maniobra. La ley, en la práctica, asfixia a numerosas organizaciones críticas.

El hostigamiento como política de Estado

Asimismo, esta presión legislativa es solo una faceta de un cerco mucho más amplio. Durante 2024 se han documentado 789 agresiones contra la prensa, la cifra más alta de la última década. El gremio denuncia que la mayoría de estos ataques proceden de agentes estatales, mientras el Gobierno intensifica sus acusaciones públicas contra los medios, señalándolos de promover injerencias externas o imputando a sus profesionales delitos como el lavado de dinero sin aportar pruebas.

Por otro lado, la estrategia de Bukele no se limita a los informadores. La organización de derechos humanos Cristosal también ha tenido que exiliarse, y varios activistas han sido detenidos bajo el paraguas del régimen de excepción vigente en el país. Se trata de una persecución sistemática y calculada que busca silenciar cualquier voz disidente, sea del ámbito que sea.

Como resultado, la comunidad internacional ya toma nota de este deterioro. El último Índice Mundial de Libertad de Expresión, elaborado por Reporteros Sin Fronteras, ha hundido a El Salvador hasta el puesto 135 de 180 países. Este desplome en la clasificación no es solo una estadística, sino el reflejo de un claro retroceso democrático que ha puesto en jaque los cimientos de la libertad en la nación centroamericana.