Cachemira, 75 años de tensión entre India y Pakistán

Hace más de tres cuartos de siglo que las grandilocuentes cumbres del Himalaya son el escenario de una guerra, la de Cachemira, cuyo eco en los medios se pierde en esos valles escarpados, a pesar de ser uno de los conflictos más largos de la historia moderna puesto que se inició con la división de la India británica en 1947, que dio a luz al Estado de Pakistán, de mayoría musulmana, y al de India, dominado por los hindúes.

Desde entonces, ambos países se han dotado de armamento nuclear y han librado tres guerras entre sí por el control de la región que, hasta 2019, gozaba de un estatus autonómico especial que fue revocado por el primer ministro indio, Narendra Modi. Los grupos opositores de Cachemira llevaron la suspensión al Supremo de Nueva Delhi, pero este la ratificó el 11 de diciembre.

Esto significa que la región seguirá ocupada por las decenas de miles de tropas y fuerzas paramilitares que el líder indio ordenó desplegar en 2019 en el territorio, que continuará dividido en dos partes: Jammu y Cachemira en el oeste, y Ladakh en el este.

La resolución del Supremo supone que ambas zonas seguirán siendo gobernadas desde Nueva Delhi sin una consulta popular regional, y acaba con el artículo 370 de la Constitución que, en 1949, otorgó a Cachemira una gobernanza semiautónoma con su propia administración y leyes internas, excepto las relacionadas con la economía, la defensa del territorio y sus relaciones exteriores. La decisión del máximo órgano judicial indio tiene como objetivo revertir «la disposición temporal de Jammu y Cachemira y equipararlos al resto de Estados del país, porque el artículo 370 era un acuerdo provisional debido a las condiciones de guerra en el Estado», según informó el presidente del Tribunal Supremo, Dhananjaya Y. Chandrachud.

Para Modi, el fallo supone «un rayo de esperanza y una promesa de un futuro mejor para construir un país más fuerte. El tribunal ha fortalecido la esencia de la unidad de India». Sin embargo, la decisión judicial, que los grupos opositores de Cachemira califican de torticera, solo impulsará el ultranacionalismo del grupo político en el poder, el Partido Nacionalista Hindú Bharatiya Janata, que se enfrenta a unas difíciles elecciones entre abril y mayo a las que se presentan con la promesa, ya cumplida, de acabar con el artículo 370. Algo que, según los expertos en la región, sólo avivará el fuego del conflicto que, durante 75 años, ha enfrentado a India y Pakistán.

Por su parte, tanto los grupos que reclaman la independencia de Cachemira como los que se sientan mirando hacia Islamabad, que consideran que el Parlamento indio no puede legislar unilateralmente sobre su territorio, no se quedarán de brazos cruzados, motivo por el que se espera que, en 2024, aumenten las confrontaciones bélicas que, durante el pasado año, habían decrecido.

El ex primer ministro y presidente del Partido Democrático Popular de Jammu y Cachemira, Mehbooba Mufti, aseguró que «la gente no va a perder la esperanza ni a darse por vencida. Nuestra lucha por el honor y la dignidad continuará, a pesar de todo. Este no es el final del camino para nosotros». Una opinión, la de la lucha futura, también compartida por el ex primer ministro y vicepresidente del partido Conferencia Nacional de Jammu y Cachemira, Omar Abdullah, que, tras el fallo del Supremo, indicó que estaba «decepcionado, pero no desanimado. La lucha continuará, estamos preparados para el largo plazo».

La reacción de Pakistán tampoco se hará esperar, por lo que se teme que vuelva a incentivar los ataques, tanto políticos como terroristas. Islamabad reclama Cachemira como parte de su Estado basándose en que es una zona de mayoría musulmana y, por lo tanto, se opone al alto el fuego mediado por Naciones Unidas que, en 1947, dividió el territorio en regiones administradas por Pakistán y por India.

Para los líderes políticos paquistaníes el movimiento de Modi no es más que una anexión ilegal que tiene como objetivo reconfigurar la demografía de la región. Si a esto se le suma la inestabilidad que se vive el país desde que, en mayo de 2023, el Ejército depusiera al primer ministro, Imran Khan, las probabilidades de una futura resolución pacífica del conflicto en Cachemira se reducen exponencialmente, mientras las posibilidades de que la guerra se recrudezca aumentan.

Desde el punto de Nueva Delhi, la única esperanza para que el Gobierno de Modi apueste por la paz y no por la confrontación dependerá, en gran parte, de tres factores: el resultado de las elecciones generales indias, los comicios legislativos que el Tribunal Supremo ha establecido para el próximo 30 de septiembre en la Cachemira administrada por India, y, finalmente, el desarrollo del posibilidad, latente desde 2020, de enfrentamientos a gran escala en el valle de Galwan, en Ladakh, donde se vienen produciendo escaramuzas con China por la disputada Línea de Control Real que separa a ambos países.

Si las tensiones llegasen a escalar, esto supondría un segundo frente que India no cuenta con la capacidad de paliar, ya que se encontraría encajonada entre dos superpotencias enemigas.