El Estado francés afronta un procedimiento judicial en París por "ocupación ilegal" de su embajada en Irak

El Estado francés se enfrenta a un procedimiento judicial en París tras ser acusado de ocupar sin derecho la residencia que alberga la embajada de Francia en Irak. Según la agencia AFP, el abogado Jean-Pierre Mignard, representante de los propietarios del inmueble, presentó en mayo de 2024 una demanda de fondo ante el tribunal administrativo de París, a la que se sumó en febrero de 2025 una solicitud en procedimiento de urgencia, con el objetivo de obtener una resolución rápida. El caso se centra en la utilización continuada de la residencia diplomática por parte de Francia sin el pago de los alquileres correspondientes, lo que ha llevado a los demandantes a recurrir a la justicia francesa.

El abogado Jean-Pierre Mignard declaró que “desgraciadamente, la República francesa ocupa un inmueble que no es suyo”, en referencia a la residencia diplomática en Bagdad. Según la información publicada por AFP, los propietarios reclaman cerca de 21,5 millones de euros en concepto de alquileres impagados, acumulados durante varios años de ocupación. La demanda sostiene que el Estado francés ha seguido utilizando el inmueble pese a la ausencia de un contrato válido y sin abonar las rentas, lo que constituye, a juicio de la parte demandante, un incumplimiento contractual grave.

El litigio se encuentra actualmente en manos del tribunal administrativo de París, que deberá pronunciarse sobre la validez de la reclamación y sobre la responsabilidad del Estado francés. Según Le Figaro, hasta el momento ni el Ministerio de Asuntos Exteriores ni los servicios jurídicos del Estado han realizado comentarios públicos sobre el caso, manteniendo silencio frente a las acusaciones. La ausencia de respuesta oficial ha sido interpretada por la parte demandante como una estrategia de demora, mientras que el tribunal deberá decidir si admite la urgencia de la reclamación y si procede a ordenar un pago provisional.

Mignard, conocido en Francia por haber representado a personalidades políticas en otros procesos, explicó que sus clientes esperan que el Estado francés “respete el derecho como cualquier otro arrendatario”. El letrado insiste en que la ocupación sin pago constituye un incumplimiento contractual que no puede justificarse por la condición diplomática del inmueble, y que la inmunidad del Estado no debería servir de escudo frente a obligaciones civiles de carácter patrimonial.