Macron, en guerra contra la Francia sindical

A sus 51 años Frédéric trabaja en el servicio de envíos de paquetes de Correos en un barrio del norte de París. Ya sufre de dolores de espalda y considera «una quimera» estar trabajando hasta los 64 años como pretende la reforma de las pensiones impulsada por Emmanuel Macron. Este parisino, afiliado a uno de los sindicatos más combativos contra el Gobierno, promete dar la batalla en la calle en las próximas semanas «en mi trabajo nadie va a ceder porque se llega muy cascado ya a los 62», edad hasta ahora de la jubilación voluntaria en Francia, una de las más bajas de Europa.

Retrasar dos años esa edad es el punto principal de una reforma considerada en el país como «la madre de todas las reformas», ya que puede incendiar la calle este invierno. Los sindicatos ya se preparan para una gran movilización en la calle el próximo jueves. Más allá del retraso de la jubilación que plantea la reforma, la protesta afecta a otros puntos como la exigencia de 43 años de cotización para cobrar una pensión completa a partir de 2027 o la supresión de los regímenes especiales.

Macron afronta la reforma con pies de plomo, con los miedos aún en el cuerpo de huelgas de sectores y el movimiento de los «chalecos amarillos», que lo puso contra las cuerdas en el primer quinquenio, pero a sabiendas que no completarla sería incumplir su promesa de campaña y dejar en mínimos la agenda reformadora con la que llegó al poder en 2017. Desde entonces, las sucesivas crisis que ha tenido que ir gestionando, de la sanitaria a la energética, han ido retrasando el relanzamiento de esta polémica reforma que el Gobierno justifica con una sencilla máxima: es necesario trabajar más para asegurar el equilibrio del sistema de pensiones, dado el envejecimiento poblacional.

Para justificar la necesidad de esta polémica reforma, el Ejecutivo galo se basa en las proyecciones del Consejo de Orientación de las Pensiones, un organismo público independiente, cuyos informes han sido objeto de interpretaciones distintas por parte del Ejecutivo y la oposición. Según ha dicho el Gobierno, el sistema de pensiones registrará un equilibrio a corto plazo, pero se prevén déficit en las próximas décadas, a medida que disminuye el número de personas que cotizan por cada jubilado, debido al envejecimiento general que vive el país. Pero no son pocos los que estos días en Francia apuntan a razones externas para justificar que esta reforma se relance. «Se trata de tranquilizar a los mercados y la Comisión Europea con reformas estructurales ante el alto nivel de endeudamiento que tiene el país», dice el politólogo e investigador Bruno Cautrès en la cadena TF1.

Para sacar adelante la reforma, Macron espera contar con el apoyo de la derecha moderada, Los Republicanos (LR), que en los últimos meses se convirtió en la muleta del Gobierno para alcanzar la mayoría absoluta parlamentaria perdida en junio en las elecciones legislativas. Para evitar sorpresas y una eventual obstrucción parlamentaria, el Gobierno aboga por usar el mecanismo conocido como el artículo 49.3, que le permite adoptar una ley sin someterla a votación. La única manera de frenarla sería aprobando una moción de censura, pero para ello se tendrían que poner de acuerdo las oposiciones, cosa que parece complicada.

En un contexto de temor por la inflación tras años de crisis sanitaria, el Gobierno francés ha intentado aplacar las tensiones en las últimas semanas de varias formas. Por un lado, concediendo ayudas sectoriales a gremios castigados por el aumento de precios como los panaderos. Y por otra, multiplicando contactos con los actores sociales. Sin embargo, los sindicatos ya han mostrado en los días previos a la presentación del texto una unidad con pocos precedentes. Es la primera vez que todos los sindicatos están dispuestos a manifestarse juntos contra la medida desde hace doce años, cuando se aprobó la reforma del entonces ministro de Trabajo, Eric Woerth, que aplazó la edad de jubilación de 60 a 62 años. Del lado de la oposición, el principal partido de izquierda, la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, ya ha llamado a manifestarse el 21 de enero en contra de la reforma. Pese a ser una realidad en países vecinos, una mayoría de franceses rechazan un retraso de la edad de jubilación: un 54% se opondría frente a un 44% favorable, según un sondeo de Harris Interactive publicado el 2 de enero. Incluso un 68% sería partidario, según otro sondeo de Ifop de principios de enero, a volver a la edad de 60 años instaurada por el presidente socialista François Mitterrand en 1982 y a la que el conservador Nicolas Sarkozy puso fin en 2010.

«Existe un derecho a la huelga, existe el derecho a manifestar, pero también es importante no penalizar a los franceses», ha dicho en las últimas horas la primera ministra, Elisabeth Borne, preparando el terreno de lo que se avecina. La llamada no es baladí. El pulso está servido y definirá el futuro político del Gobierno. La fecha marcada en rojo en el calendario es la del próximo jueves y en función de la magnitud que tome la movilización en la calle se irá configurando el escenario de debate de esta controvertida reforma que llegará al Consejo de Ministros en diez días y a debate parlamentario durante el mes de febrero.