Los irlandeses rechazan eliminar de la Constitución artículos “anticuados” y “sexistas” hacia la mujer y la familia

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, lamentó este sábado la “clara derrota” sufrida después de que los ciudadanos rechazaran en referéndum las propuestas de su Gobierno para modernizar en la Constitución la definición de familia y el papel de la mujer en la sociedad.

El Ejecutivo de coalición conservadora liderado por el primer mandatario abiertamente gay de la República presentó las consultas como oportunidades para incorporar la inclusión y la igualdad en una constitución que data de 1937.

Irlanda se convirtió en 2015 en el primer país del mundo en aprobar por votación popular el matrimonio entre personas del mismo sexo. En apenas unos años, ha pasado de ser uno de los bastiones del conservadurismo religioso a una de las democracias más tolerantes de Europa. En este sentido, las nuevas consultas planteadas para eliminar las referencias consideradas “anticuadas, discriminatorias y sexistas” representaban, a priori, relativamente poco riesgo.

Sin embargo, la confusión, apatía y las críticas a la redacción de las enmiendas acabaron este sábado con una derrota vergonzosa tanto para el Ejecutivo como la oposición. Al cierre de esta edición, el recuento de votos continuaba. Pero en los condados donde ya se conocían los datos, la participación no llegaba al 45%.

Varadkar subrayó que fracasaron a la hora de convencer al electorado sobre la urgencia de estas reformas, por lo que tendrán ahora que reflexionar al respecto. Asimismo, aceptó que “mucha gente se ha equivocado”, entre otros, dijo, él mismo, sobre todo cuando la derrota ha sido por un margen “tan grande”.

El 'no' a las dos consultas lo defendieron varios diputados independientes y grupos ciudadanos ultraconservadores con agendas contrarias a la inmigración, globalización o políticas medioambientales.

La primera propuesta del Gobierno, llamada 'Enmienda de Familia', planteaba si el Estado debía reconocer a las unidades familiares como conjuntos de personas "basados en el matrimonio o en otras relaciones duraderas" en lugar de solo en el matrimonio. La segunda, llamada 'Enmienda de Cuidados', proponía eliminar dos artículos de la Constitución que se refieren a la "vida de la mujer en el hogar" y a sus "deberes en el hogar", respectivamente.

El 'sí' a esta propuesta habría sustituido los dos artículos con un nuevo texto que habría reconocido el valor de la prestación de cuidados en el hogar "por miembros de una familia", lo que daría "a la sociedad un apoyo sin el cual no se puede lograr el bien común".

Todos los principales partidos políticos pidieron a los votantes que aprobaran la reforma. Pero los críticos argumentaron que los cambios de lenguaje propuestos no iban lo suficientemente lejos, particularmente en lo que respecta a las disposiciones para los cuidadores, mientras que algunos recalcaron que el nuevo lenguaje era problemático. Los Centros Gratuitos de Asesoramiento Jurídico, un organismo independiente de derechos humanos e igualdad, matizaron que apoyaban el cambio en la primera pregunta, la definición de familia, pero rechazaban la redacción de la segunda, sobre los cuidadores.

Consideran que el texto propuesto destinado a reemplazar la referencia a los deberes de la mujer en el hogar “respalda un status quo en el que las mujeres asumen la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado y no impone ninguna obligación al Estado de corregir este desequilibrio de género, lo que la convierte en una enmienda implícitamente sexista”.

Por su parte, los obispos católicos de Irlanda emitieron una declaración el mes pasado diciendo que creían que el cambio propuesto a la cláusula familiar “llevaría a un debilitamiento del incentivo para que los jóvenes se casen”. También expresaron su preocupación por la eliminación de la cláusula sobre las mujeres, diciendo: “Tendría el efecto de abolir toda referencia a la maternidad en la Constitución y dejaría sin reconocer la contribución social particular e incalculable que las madres en el hogar han hecho y continúan haciendo en Irlanda”.

La Constitución actual data de 1937. Fue escrita por Eamon de Valera, el político nacionalista más relevante en la historia de la República de Irlanda, sustituyendo al texto anterior de 1922, la del Estado Libre Irlandés, para deshacerse de cualquier reconocimiento al tratado anglo-irlandés que concedió la independencia a una parte de la isla e incluir la aspiración original a una Irlanda única y unida. De Valera permitió una injerencia constante de la Iglesia Católica en los asuntos de Estado y en la vida social, y el borrador constitucional fue enviado hasta en dos ocasiones al Vaticano para que aportara sugerencias o correcciones.