Los 43 de Iguala siguen sin justicia

El presidente electo López Obrador se compromete a crear una comisión de la verdad para aclarar la muerte de los jóvenes.

A los cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se comprometió con los padres de las víctimas a establecer una comisión de la verdad en la que participarán organismos internacionales con el fin de saber qué pasó realmente aquella noche en el estado de Guerrero. Es una vieja demanda de los padres y de organismos de derechos humanos, después de que el Gobierno actual diese carpetazo al caso y tratase de imponer una «verdad histórica» inconsistente, incluso para la justicia mexicana.

La noche del 26 de septiembre de 2014 los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se subieron a varios autobuses con la intención de llegar, primero a la ciudad de Iguala, también en el estado de Guerrero, y después continuar hasta la Ciudad de México para participar en las protestas anuales por la represión al Movimiento Estudiantil en 1968.

Cuatro años después, lo sucedido aquella noche todavía es confuso. En el trayecto hacia Iguala fueron interceptados por grupos policiales y células del crimen organizado que dispararon contra los autobuses de los alumnos. En el tiroteo fallecieron cinco normalistas y otros 20 resultaron heridos. Además, desaparecieron otros 43, que fueron vistos por última vez cuando los policías los metieron en sus coches. El motivo del asalto y qué ocurrió exactamente con los desaparecidos todavía es una incógnita.

El Gobierno federal asumió la investigación y dos meses después de los hechos la PGR (fiscalía) presentó unas conclusiones que no convencieron a nadie. Es la llamada «verdad histórica» a la que se sigue aferrando el Gobierno saliente del presidente Enrique Peña Nieto. De poco han servido la envergadura de los argumentos que la desmienten y las numerosas voces de organismos nacionales e internacionales que cuestionan severamente la investigación y sus conclusiones.

La versión de la PGR dice que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda tenían relaciones con el grupo criminal de los Guerreros Unidos, que apoyó a la policía municipal en el ataque a los estudiantes. El motivo que indica la PGR es que la pareja ordenó la detención para evitar que los estudiantes alborotasen en un acto público en Iguala. El informe concluye que fueron asesinados por los Guerreros Unidos e incinerados en el cercano cementerio de Cocula, en base a testimonios de miembros del grupo criminal.

Como era de esperar las conclusiones de la PGR no tuvieron una buena acogida. La presión que ejercieron los padres y varios organismos internacionales obligó a Peña Nieto a solicitar la ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De esta manera se formó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) con el objetivo de investigar lo sucedido la noche del 26 de septiembre.

El GIEI denunció las trabas que le puso el Gobierno mexicano pero finalmente publicó un informe en el que derribaba la investigación de la PGR. Concluyeron que no era posible afirmar que habían sido incinerados en Cocula pues no existían evidencias de un fuego de tal magnitud. También señalaron que las confesiones que habían llevado a esa versión se obtuvieron bajo tortura, algo que también denunció el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México. A mediados de 2016, poco después de publicar su informe, el GIEI tuvo que abandonar el país debido a la decisión de Peña Nieto de no ampliar su misión.

El otro gran varapalo a la «verdad histórica» vino por parte de la propia justicia mexicana. Un tribunal con sede en el estado de Tamaulipas emitió un fallo que afirmaba que la investigación debía realizarse de nuevo debido a las numerosas irregularidades durante las pesquisas. Sentenció que las confesiones se habían obtenido bajo tortura y que no se exploraron otras vías pese a que había indicios para ello.

Tras la reunión de ayer entre el presidente electo y los padres y madres de los estudiantes, el futuro gabinete adquirió el compromiso de crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, si esta no se lleva a cabo antes del 1 de diciembre, en los meses que le quedan al Ejecutivo saliente.

López Obrador también anunció que en este organismo participará la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Gobierno solicitará la asistencia técnica y la cooperación internacional de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un anuncio muy aplaudido por las familias de los estudiantes.

AMLO también designó a su futuro secretario de Derechos Humanos como el responsable del Ejecutivo para dar seguimiento a la investigación y afirmó que emitirá un decreto de gobierno para que toda la administración pública federal coopere con la búsqueda de la verdad.

En la reunión que duró dos horas y media, participaron además de los citados, la futura Secretaria de Gobernación (Interior) Olga Sánchez Cordero, representantes de la CIDH, el defensor del pueblo mexicano Luis Raúl González Pérez y Jan Jarab, representante en México de la oficina de Derechos Humanos de la ONU.