Ley Ómnibus

Milei lanza la refundación de Argentina y no da tregua

Un proyecto de ley del Gobierno de 660 artículos otorga poderes legislativos al presidente en materia económica, fiscal, tarifaria y electoral. Prevé castigar con seis años de prisión a los promotores de protestas

El principal sindicato de Argentina convoca una huelga general para el 24 de enero
El principal sindicato de Argentina convoca una huelga general para el 24 de eneroEuropa Press

A pocos días de que acabe el año, Javier Milei no da tregua a los argentinos y arremete otra vez con un nuevo y controvertido megaproyecto de normas enviado ayer al Congreso. Se trata de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, un extenso título que de inmediato fue rebautizado por los medios como la Ley Ómnibus –para referirse a un proyecto que incluye varias normas– en total son 664 artículos con reformas en todos los aspectos de la vida de los argentinos.

Con esta norma el Gobierno de Milei pide al Congreso no solo amplias facultades legislativas, sino también declarar «la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, energética, sanitaria, tarifaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025», con la que busca «restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853». Esta refundación de Argentina que pretende Milei de la noche a la mañana ha causado asombro y estupor.

Las medidas más polémicas del Gobierno «libertario» y que están generando mayor rechazo público tienen que ver justamente con ciertas restricciones a las libertades, como penalizar el derecho a la protesta, con incremento de multas y penas de hasta 6 años de prisión para los organizadores de marchas y piquetes; la restricción de las reuniones en espacios públicos: si son más de tres personas se deberá pedir permiso al Gobierno y, finalmente, la ampliación de los parámetros de la «legítima defensa» en el Código Penal, que empodera a las Fuerzas de Seguridad y habilita la mano dura, en tanto señala que «debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo», lo que ha evocado el retorno de la «obediencia debida» que se implementó en 1987 y que habilitó la impunidad hasta 2003, cuando con la abolición de esta ley, los militares involucrados en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura fueron juzgados.

Esta ley ómnibus incluye el polémico Decreto Nacional de Urgencia (DNU) y también otros temas de toda índole, como la suspensión de la fórmula de la movilidad de jubilación: ahora los aumentos serán por decreto y a discreción del Gobierno; se reduce la cantidad de legisladores, se incrementa el monotributo casi al doble, se implementa el divorcio exprés, de común acuerdo, sin intervención de abogados ni jueces; se tomará un examen final en la Secundaria y será obligatoria una evaluación docente cada 5 años; se podrán ingresar productos importados para uso personal sin pagar impuestos; se implementa el juicio por jurados a nivel federal y los jueces deberán usar toga negra; y hasta sobre los eventos públicos, se habilita la reventa de entradas de eventos como conciertos y partidos de fútbol.

En Argentina por estos días ya se habla de «dictadura» y «estado de sitio» y se compara al presidente Milei con el dictador peruano Alberto Fujimori, quien también en los primeros días de su Gobierno implementó un «paquetazo» de leyes, que incluía la privatización de todas las empresas públicas, pero que, al no ser aprobado por el Congreso, dio un autogolpe de Estado y disolvió el Congreso.

Pero lejos de los titulares de los principales diarios y del clamor en la calle de los ciudadanos que se quejan del alza de los precios y que hora a hora recogen los telediarios, ayer Milei saludaba junto a sus ministros, desde uno de los balcones de la Casa Rosada hacia una desierta Plaza de Mayo, custodiada por las fuerzas del orden. Y en el partido de La Matanza se mantenía cortada la Ruta Nacional Número 3, donde el protocolo «antipiquete» de la ministra Patricia Bullrich no fue homologado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. «Estamos cortando la ruta contra el modelo neoliberal conservador que pretende implantar el Gobierno para poner en venta el país. Protestamos porque hasta ahora el Gobierno no entrega los alimentos a los merenderos ni comedores populares y porque está destruyendo a la clase media trabajadora», declaró el líder obrero Carlos D’Elia.

Milei afronta ahora dos nuevos frentes. El comité central de la Confederación General de Trabajadores (CGT), tras un plenario, llamó a un paro general y nacional el 24 de enero, que incluirá una movilización al Congreso en rechazo de esta «Ley de ómnibus» y DNU que justamente entra en vigencia hoy. La CGT también decidió judicializar el DNU. «Cuando nos movilizábamos contra el DNU, nos enteramos de esta nueva ley que es exponencialmente peor que el DNU porque atenta contra el sistema de salud y los jubilados, se apropia del fondo de garantía de los jubilados, donde los trabajadores pierden libertades y derechos y favorece solo a un grupo de empresarios. Esto no puede pasar en Argentina», indicó Héctor Daer, secretario general de la CGT.

El segundo frente que reaccionó ayer contra el «decretazo» y el nuevo megaproyecto de Milei es el de las autoridades locales. 500 intendentes de toda Argentina desde Tierra del Fuego en el sur hasta Jujuy en el norte presentaron un recurso de amparo «para frenar el DNU de Milei y que avasalla totalmente los derechos de 100 años que supimos conseguir los argentinos y argentinas», dijo Fernando Espinoza, intendente de La Matanza. «Un presidente y diez personas generan un DNU que solo favorece a un puñado de grandes grupos económicos y perjudica al 90% de los argentinos. Nosotros como representantes de millones de vecinos le decimos a Milei que en 18 días como presidente no puede destruir Argentina y las libertades individuales».