Pulso por la democracia en Brasil

El presidente Jair Bolsonaro tendrá por delante en los próximos cuatro años un país lleno de retos donde el drama de la pobreza, las desigualdades, la violencia y la falta de derechos fundamentales de las personas empeoran por el históricamente bajo crecimiento económico, un factor que frena el potencial de un país grande que cuenta con muchos recursos naturales. Este cuadro se agrava porque el nuevo presidente no dejó claro cómo enfrentará los problemas y desafíos de Brasil.

Su programa de gobierno es genérico y no detalla lo que el Ejecutivo llevará a la práctica. Al huir de los debates en la segunda vuelta electoral con su oponente, Fernando Haddad, la apuesta en Bolsonaro supone un salto en la oscuridad, y la población solo tendrá conocimiento de las prioridades efectivas y de la forma de enfrentarlas a medida que se vayan tomando decisiones en el Gobierno.

Lo que más aprehensión causa respecto al Gobierno de Bolsonaro es cuál será su compromiso con la democracia, con la Constitución y con el Estado de derecho. Declaraciones pasadas del presidente, de sus hijos y de sus partidarios dejan dudas justificadas en cuanto a estos compromisos. Los temores se proyectan también en relación con los compromisos medioambientales y el Acuerdo de París.

No menos preocupante es el declarado alineamiento con la política exterior del presidente Donald Trump, factor que rompe ciertos consensos internos sobre la política exterior brasileña que se consolidaron durante varias décadas consecutivas.
Además de estas preocupaciones, el principal desafío del nuevo Gobierno consiste en realizar reformas institucionales estructurales que sean capaces de equilibrar el alto déficit público, modernizar el Estado e introducir parámetros de justicia fiscal.

La principal iniciativa para equilibrar las cuentas públicas será el intento de reformar el sistema de pensiones. Será una tarea difícil. Aunque existe un consenso sobre la necesidad de realizarla, hay también muchas divergencias sobre su naturaleza y su formato. Pasa lo mismo con las demás reformas, como la política y la reforma tributaria. Para sacarlas adelante, el Gobierno necesitará una mayoría cualificada en el Congreso. Sin embargo, esa mayoría no existe. Por tanto, el presidente tendrá que tener mucha habilidad para negociar con un Congreso fragmentado entre varios partidos para aprobar las reformas.

El área económica estará dominada por neoliberales que siguen el manual de la Escuela de Chicago. Promueven una política ultraliberal, con privatizaciones, baja intervención del Estado, contención del gasto social y reducción drástica de incentivos y beneficios fiscales para las empresas. Si el equipo económico implementa lo que predica, deberá provocar varios conflictos, principalmente en tres frentes: Uno: con los generales que están en el Gobierno, pues ellos deberán imponer límites a las privatizaciones. Dos: con los movimientos sociales, que enfrentan grandes dificultades y deberán luchar por más fondos para la sanidad, la educación, la vivienda popular, los programas sociales asistenciales y el empleo. Tres: con el empresariado, pues éste está acostumbrado a beneficiarse de los recursos del Estado, de los beneficios e incentivos fiscales.

La próxima Presidencia estará marcada por grandes tensiones políticas y sociales. Brasil tiene hoy 54,8 millones de habitantes que viven en el umbral de la pobreza y 15,3 millones que viven por debajo de la línea de pobreza. La mitad de la población brasileña vive con un salario mínimo de aproximadamente 255 dólares. Las luchas sociales aumentarán. Esto se suma a la actitud de la oposición política, que se organizará para enfrentar las iniciativas antidemocráticas. La defensa de la democracia, de los derechos y de la Constitución serán los puntos que unificarán una oposición amplia al nuevo Gobierno.

Profesor de la Escuela de Sociología y Política de Sao Paulo (FESPSP)