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Anticorrupción teme que la impunidad campe en las más de 200 piezas de los ERE

Pide a Núñez que reabra la causa ligada a pagos al Ayuntamiento de Camas, que archivó tras vaciarla de investigados

  • La jueza María Núñez, en la imagen, sustituyó a Mercedes Alaya a las rienda de la «macrocausa» de los ERE presuntamente fraudulentos (Foto:Efe)
    La jueza María Núñez, en la imagen, sustituyó a Mercedes Alaya a las rienda de la «macrocausa» de los ERE presuntamente fraudulentos (Foto:Efe)
Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

10 de junio de 2018. 20:32h

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N. Acedo.  Sevilla. 11/6/2018

Primero la instructora del «caso ERE», María Núñez, vació la causa de investigados y luego la archivó. Era la pieza del «macroproceso» centrada en los fondos públicos que la Junta otorgó al Ayuntamiento sevillano de Camas. Ahora la Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto un recurso de apelación contra el auto de la magistrada que supuso el carpetazo a lo actuado y lo hace con una advertencia contra un riesgo alborotador: que la impunidad prenda en la «macrocausa», más allá de la rama política que se enjuicia en la Audiencia Provincial con 22 investigados.

En su escrito, al que tuvo acceso LA RAZÓN, el Ministerio Púbico repasa lo hecho y recuerda que en origen se llamó como encausados al ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero y al ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, a quienes luego se sumaron el también ex titular de Empleo José Antonio Viera, el ex delegado del ramo en Sevilla Antonio Rivas y el ex gerente territorial del IFA Manuel Enrique Rodríguez. Sostiene que «las ayudas fueron pagadas tras una exigua y/o nula tramitación administrativa en la Dirección General de Trabajo» y «con cargo al programa 31L», el conocido como «fondo de reptiles». La Fiscalía anota también que Guerrero en una declaración en sede judicial citó a Viera y a Fernández para aseverar que «los informaba de todas las ayudas, directas y sociolaborales» y que se trataba de «una información general» al proporcionarles «los datos esenciales, las empresas, los importes de las ayudas, el colectivo de trabajadores afectados...».

Mantiene que de la lectura de los fundamentos de derecho de la resolución de Núñez que busca combatir «se puede colegir que la única motivación de la decisión de archivo que se contiene en la parte dispositiva, es que no hay personas investigadas» y que, al no entrar en el fondo del asunto ni en la «solidez» o «pervivencia» de «indicios racionales de criminalidad», se debe entender que la jueza considera que «sigue vigente la delimitación objetiva de tales hechos contenida en el auto de incoación inicial dictado». En ese punto, Anticorrupción defiende que no procede armar una resolución que dé carpetazo por dos motivos básicos. Uno, que los autos de liquidación que menciona Núñez en el que ahora se impugna «no son firmes», pues los ha replicado «todos y cada uno de ellos», por lo que si se estima uno solo de sus recursos la decisión de sobreseer «resultaría injustificada», salvo en el caso de Rivas y Rodríguez. Y dos, que en ninguno de tales autos se ha acordado en realidad «archivo» alguno, dado que en las franjas dispositivas de éstos «se hace referencia a que se acuerda la exclusión de los investigados», con la excepción de nuevo de Rivas y Rodríguez.

El texto corre y el Ministerio Público anota que en el juicio del caso que ya está en marcha, el centrado en el bloque del procedimiento específico por el que se repartieron las subvenciones, la rama política, «no se enjuician las concretas ayudas singulares», según la Audiencia de Sevilla y, por otro lado, el mismo tribunal provincial estimó un recurso de apelación interpuesto por el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera en el que se le exculpó, «sin perjuicio de las responsabilidades penales derivadas de los pagos» realizados por «la asunción de compromisos adquiridos con anterioridad al ejercicio de sus funciones» en la Consejería de Empleo; unas responsabilidades que correspondería esclarecer, «en su caso, en los procedimientos concretos que se hayan abierto o abran para indagar cada ayuda». Desde esa doble perspectiva, la Fiscalía cree que «no procedería» en la causa del Ayuntamiento de Camas «la exclusión» del ex director general de Trabajo Juan Márquez, «so riesgo de quedar impune la conducta imputable». Un peligro que extiende. «Es por esta razón –añade– por la que entendemos que de no acogerse nuestra pretensión podrían quedar impunes las conductas objeto de cada pieza singular –hay más de 200–». Por ello, pide a la instructora que «revoque el auto» recurrido y ordene «la continuación de la instrucción» de la separata zurcida a Camas.

A vueltas con las exclusiones del ex consejero Fernández

Uno más. La Fiscalía ha formalizado un recurso de apelación contra el auto en el que la jueza María Núñez excluyó al ex consejero de Empleo Antonio Fernández del proceso abierto en torno a las ayudas que el Gobierno andaluz asignó al Ayuntamiento de Camas (Sevilla) analizadas en el «caso ERE». El Ministerio Público solicita a la magistrada que «se revoque» la resolución y Fernández permanezca como encausado.

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