Sevilla

Ávila acumula acusaciones: le atribuyen dos delitos por las ayudas a las Utedlt

La Razón
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El ex consejero de Economía Antonio Ávila acumula menciones en sumarios judiciales. El origen de la nueva investigación en la que aparece se remonta a un informe de la Cámara de Cuentas centrado en las ayudas concedidas por la Junta a las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) en el que se apuntó que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) transfirió a estos entes 57,3 millones de 2010 a 2012. El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) trasladó ese documento a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que acordó incoar actuaciones por provincias. En ese contexto y varias formalidades judiciales más después, el titular del juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, Carlos Mahón, atribuye a Ávila en un auto, fechado el 17 de septiembre al que accedió LA RAZÓN, dos delitos, uno de prevaricación y otro de fraude de subvenciones. ¿En qué se basa? Entiende que como presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) sería el «autor» de la Resolución de 11 de diciembre de 2012 por la que «se concedía una subvención extraordinaria a cada una de las 94 Utedlt existentes en Andalucía, para hacer frente a los costes por extinción de los contratos laborales de sus plantillas». El juez atiende así una petición de la Fiscalía y libra oficio al SAE para que remita copia del expediente incoado «para servir de base» a la mencionada resolución, en especial, aclara el instructor, de «la memoria justificativa del interés público y social de la inexistencia de bases reguladoras para conceder las mencionadas subvenciones excepcionales», a lo que la Junta deberá sumar «la propuesta de acuerdo sobre el inicio de los expedientes».

Mahón amplía en general el contenido del auto de 3 de marzo donde acordó la incoación de diligencias previas y concreta que las actuaciones se dirigen, al margen de Ávila, contra los directores y varios Agentes Locales de Promoción de Empleo (Alpes) de las Utedlt de la Sierra Norte, Tierras de Doñana, Alcalá de Guadaíra y del Bajo Guadalquivir; y contra directores generales del SAE.