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Dejando huella. El SAS, los impuestos y la filantropía

Es indudable que la atención pública sanitaria no puede depender de donaciones esporádicas

  • Marta Ortega (i), el día que se firmó el acuerdo entre la Junta y la Fundación Amancio Ortega para la donación de equipos sanitarios / Foto: Manuel Olmedo
    Marta Ortega (i), el día que se firmó el acuerdo entre la Junta y la Fundación Amancio Ortega para la donación de equipos sanitarios / Foto: Manuel Olmedo

Tiempo de lectura 4 min.

14 de julio de 2019. 17:45h

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José Manuel Cansino Sevilla. 15/7/2019

En pocos meses el Servicio Andaluz de Salud (SAS) llevará a cabo la compra de 68 nuevos equipos de tomografía axial computarizada (TAC) una vez que se ha levantado la suspensión cautelar del concurso por la reclamación interpuesta por una de las empresas interesadas. En conjunto estos equipos supondrán un gasto de 41,8 millones de euros. Pero no es ni el número ni el coste lo que me mueve a escribir sobre ello.Me mueve en primer lugar una razón de índole estrictamente personal. La más importante. Estos nuevos equipos aportarán a los pacientes una gran mejora en la «huella de energía» que pasar por ellos deja en los tejidos y órganos de los pacientes debido a las radiaciones. Así lo supo enfatizar una de las personas a quien más debe esta medida, el físico especialista en electromedicina José Ramón Román. Desde la Consejería de Salud –hoy, Salud y Familias– él puso en este proyecto tanto empeño como acostumbraba a hacer en cada reto profesional que afrontaba. Lo hizo bien. Siempre lo hacía bien. En segundo lugar, es muy de agradecer que decisiones tan importantes para la salud de los ciudadanos no se vean afectadas por cambios en el signo político de los gobiernos. Evidentemente un gasto plurianual como este viene ya con una inercia que hace difícil su paralización, pero no sería la primera vez que cambios de gobierno desmantelan el desarrollo de infraestructuras en marcha incluso con un coste indemnizatorio elevadísimo. Qué diferente resulta esta forma de proceder de, por ejemplo, el sistema educativo, tan importante como la salud pero tan frágil a los cambios políticos. En tercer y último lugar, por puro azar el coste de los 68 nuevos TAC, 41,8 millones de euros, se aproxima mucho a la cuantía de la donación que la Fundación Amancio Ortega hizo al SAS: 40 millones para la adquisición de equipos destinados a la lucha contra el cáncer. Es indudable que la atención sanitaria pública –tampoco el resto de los servicios públicos esenciales– no puede depender de donaciones esporádicas de particulares por cuantiosas que lleguen a ser, sino de un sistema de financiación que garantice la regularidad de los recursos. Naturalmente esta es una obviedad pero sólo para los países con niveles de desarrollo suficientes como para mantener sistemas sanitarios estables. Para millones de personas residentes en países en desarrollo el sistema sanitario depende crucialmente de aportaciones en absoluto regulares, bien procedentes de organismos internacionales bien de fundaciones privadas. Hecha esta importantísima salvedad, las donaciones privadas que vienen a reforzar el bien común son una expresión más de la libertad con la que cada cual decide sobre su patrimonio. Depositar la capacidad redistributiva del sector privado únicamente en las manos públicas deviene así en un atentado contra la libertad.Con esa libertad me he expresado siempre desde esta tribuna de los lunes que hace años me brindó LA RAZÓN a través de Noelia Acedo y luego me renovó Pepe Lugo contando con la ayuda de Marta Maldonado. A todos ellos les agradezco haber tenido la oportunidad de asomarme semanalmente a esta ventana.

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