Denuncian ante la Inspección de Trabajo a la gestora del 061 en Cádiz por fraude en un curso

CGT cree que se han vulnerado derechos de los alumnos que exigen los certificados que acrediten la formación

La actividad formativa se realizó en instalaciones de EPES, la empresa de emergencias sanitarias de la Junta, en Puerto Real

Hay un riesgo: que un grupo de alumnos caiga en un limbo clandestino. Para sortearlo, CGT Andalucía, ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz por «vulneración de derechos laborales y fraude en la contratación» vinculada a la empresa Konecta BTO SL, encargada de gestionar la atención telefónica del servicio de emergencias 061 en la provincia gaditana. Los hechos están relacionados con un curso que impartió dicha entidad entre mayo y junio de 2017 en instalaciones de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), dependiente de la Consejería de Salud de la Junta, ubicadas en Puerto Real. Según consta en el escrito de CGT, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en la actividad formativa participaron empleados que formaban parte de la bolsa de trabajo y otros «en expectativas» de hacerlo. Todos se habrían quedado al término del curso sin «los correspondientes diplomas de capacitación y asistencia». Ello además de no haber recibido retribución alguna ni haber sido «dados de alta en la Seguridad Social», pese a que, «de estos cursos», la empresa «recibe supuestamente las preceptivas subvenciones», de acuerdo a lo trasladado por la organización sindical a la Inspección. Es más, en su chorreante denuncia, CGT menciona que un grupo de alumnos afectados ha pedido por escrito tanto a la empresa como a EPES que se expidan los certificados que reclaman sin que les hayan dado «respuesta alguna» ni se haya solucionado la «situación», lamenta la central sindical. Para sus miembros esto demuestra «la complicidad de la empresa pública con los atropellos a los derechos de los trabajadores» y el «consentimiento explícito» de ésta a que en sus «dependencias» se permita «trabajar sin dar de alta en la Seguridad Social».

Este periódico ha consultado también esos dos escritos a los que aludía el sindicato. Están rubricados por trece personas que dejan clara su demanda y que asistir al curso de «Teleoperador en la atención y gestión de llamadas de emergencias sanitarias» les supuso un «esfuerzo económico», al tener que sufragar gastos de desplazamiento, así como el coste del «material de escritorio» y del «temario»; junto a «una gran inversión de tiempo».

Los trece ratifican que su pelea pasa por que les proporcionen un certificado que «soporte la formación» que han superado «con el objeto de entrar en la bolsa de trabajo del servicio de gestión de llamadas de emergencias» y confirman que, tras habérselo planteado a «la docente y responsable de formación» por teléfono y vía email, ésta les ha respondido que «su empresa no va a expedirlos». Desde ahí, CGT argumenta en su denuncia que «al vulnerarse la legalidad vigente en materia de contratación y ante el fraude a la Seguridad Social por falta de alta, estos contratos se deben calificar como indefinidos a jornada completa». Puestas sus cartas boca arriba, la organización sindical pide a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que lleve a cabo las acciones que considere necesarias para constatar la veracidad de lo que le han comunicado con un fin: que la sociedad señalada cumpla «la legalidad vigente». Para ello, el secretario general de CGT Andalucía, Miguel Montenegro, solicita que el órgano inspector le dé «audiencia», si lo cree conveniente, para poder aclarar o ampliar los hechos que han originado su rotundo movimiento, además de solicitarle «expresamente» que se aplique la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social (Lisos), dadas las «muy graves actuaciones empresariales» que, a su juicio, se han producido.

Manejo de «datos personales y privados»

Otra de las aristas que plantea CGT Andalucía en su denuncia ante la Inspección de Trabajo es que a los alumnos del polémico curso se les permitió el acceso a «la sala de coordinación de emergencia, donde se trabaja con datos personales y privados», pese a que «no se les reconoce el vínculo laboral» con la empresa gestora del servicio telefónico. Desde el sindicato recuerdan que se trata de «información sensible» que deber ser tratada con todas las garantías.