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Denuncian «inactividad» de la Junta en el cierre de la TDT «vinculada» a Lanzas

Reclaman a Presidencia que cumpla el fallo del TSJA sobre las licencias de televisión de Úbeda

  • Las evidencias. La Junta publicó en el BOJA el 29 de abril la orden por la que acataba la sentencia del TSJA
    Las evidencias. La Junta publicó en el BOJA el 29 de abril la orden por la que acataba la sentencia del TSJA
Sevilla.

Tiempo de lectura 2 min.

08 de junio de 2016. 12:32h

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Sevilla. 8/6/2016

La empresa Teleclub Ubetense mantiene su pulso con la Junta de Andalucía para que la Administración acate la sentencia firme del TSJA que declaró nulo el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se otorgaron en 2008 las concesiones para la explotación del servicio público de Televisión Digital Terrestre (TDT) de ámbito local en Andalucía para su gestión por particulares. El fallo fue ratificado tras desestimar el Alto Tribunal la pretensión del Gobierno andaluz de posponer la ejecución de la sentencia 939/2015, alegando un incidente de inejecución. Sin embargo, y pese a que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el 29 de abril la orden para disponer el cumplimiento de dicho fallo, la realidad es que sigue sin ejecutarse.

Ante esta circunstancia, TeleClub Ubetense ha presentado un escrito ante la Dirección General de Comunicación Social, adscrita a la Consejería de la Presidencia y Administración Local en la que denuncia que Grupo Audiovisual Andaluz (Diez TV Úbeda) y Canal Baeza y La Loma (9 La Loma) siguen emitiendo y reclama al Ejecutivo que abra un expediente sancionador.

Canal Baeza y La Loma está vinculada con el «conseguidor» de los ERE, Juan Lanzas, según un informe de la UCO de la Guardia Civil. Los investigadores han apuntado y así consta en el sumario de los ERE que Lanzas era el «administrador de hecho» de este canal.

En su denuncia ante la Conse-jería de Presidencia, a la que tuvo acceso este periódico, Teleclub Ubetense insta a la Junta «a que se dirija al órgano competente para la toma de una decisión acerca de los hechos denunciados sin permanecer silente» y advierte de que «no pronunciarse, estaremos ante un supuesto de inactividad de la Administración» al existir un «deber» de iniciar un proceso de expediente sancionador. La multa, según la Ley General de la Comunicación Audiovisual, podría alcanzar un millón de euros.

El denunciante también reclama convocar un nuevo concurso público para la adjudicación de las licencias desiertas.

En el caso de que sus requerimientos no sean atendidos, no descartan iniciar acciones penales contra el titular de la Consejería de Presidencia, el también vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios.

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