El Gobierno rebaja la alarma de los ayuntamientos

Invita a presentar alegaciones para frenar la supresión de empresas locales deficitarias, mientras la Junta insiste en que la ley es «inaplicable».

La aplicación de la ley de racionalidad y sostenibilidad de la administración local continúa generando una situación de alarma generalizada en los ayuntamientos, incluso en los dirigidos por el PP pero multiplicada de forma interesada en los socialistas, que el Gobierno trató ayer de frenar insistiendo en que las cartas remitidas sobre la disolución inminente de las empresas públicas deficitarias son «requerimientos informativos» y en que presentando las pertinentes alegaciones se puede «paralizar el proceso».

El delegado del Gobierno en Andalucía, el popular Antonio Sanz, propone que los consistorios con superávit realicen aportaciones municipales para corregir el déficit de sus sociedades. Recuerda, además, que este requerimiento de información no es una «supresión» e insiste en que «todavía no existe una decisión final, sino que estamos en un periodo informativo». No obstante, advierte de que «no se puede poner en cuestión la necesidad de gestionar los entes públicos conforme a los requisitos de estabilidad presupuestaria, cumpliendo la regla del gasto y todo lo que exige la ley». Para los gestores populares, el déficit no puede recaer sobre los ciudadanos y el cumplimiento de una ley no puede suponer un agravio ni un desafío a los ayuntamientos.

Palabras que desde la Junta carecen de sentido porque «la ley actual es inaplicable», como ayer mismo aseguró el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, quien abogaba por aprovechar el comienzo de la nueva legislatura para sentar a todos los que participan en este proceso y «encontrar un camino para garantizar una ley que asegure la financiación municipal», olvidando la falta de cumplimiento de la comunidad con la Patrica (participación en los ingresos de la comunidad), por ejemplo.

Lipasam, un «grave error»

Mientras tanto, las reacciones en los ayuntamientos ante las cartas recibidas se suceden. Especial alarma se generó ayer en Sevilla capital, donde el Consistorio hispalense recibió la misiva del Ministerio de Hacienda señalando que la empresa pública de recogida de residuos, Lipasam, se podría encontrar en una posible causa de disolución. Una medida que pondría en riesgo más de 1.500 empleos y ante la que el Ayuntamiento de Juan Espadas respondió con contundencia, indicando que enviaría ayer mismo un informe a Montoro que avala la continuidad de la sociedad. El propio alcalde insistió en que se trata de «un error grave» del Ministerio, ya que la empresa municipal no «ha estado en los últimos años ni está en ninguno de los supuestos previstos en la ley que puedan llevar a su disolución». Entre otras cosas porque la gestión de Juan Ignacio Zoido se centró de 2011 a 2015 en el saneamiento de las empresas municipales. Ninguna de las restantes se encuentra tampoco en riesgo, de hecho.