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El interventor adjunto de la Junta: «Griñán pudo parar el sistema usado por la Junta para dar y pagar las ayudas de los ERE»

García Revilla ha testificado en la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán

  • Ignacio García Revilla (espaldas) que fuera adjunto a la Intervención General, en la Junta de Andalucía, responde a las preguntas de los fiscales. EFE/Raúl Caro. ***POOL***
    Ignacio García Revilla (espaldas) que fuera adjunto a la Intervención General, en la Junta de Andalucía, responde a las preguntas de los fiscales. EFE/Raúl Caro. ***POOL***
Sevilla.

Tiempo de lectura 2 min.

12 de junio de 2018. 17:51h

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Agencias.  Sevilla. 12/6/2018

El interventor adjunto al interventor general Ignacio García Revilla ha declarado hoy que está "completamente de acuerdo" con que el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, cuando era consejero de Hacienda, pudo parar el sistema usado por la Junta para dar y pagar las ayudas de los ERE.

García Revilla ha testificado en la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán-, acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.

Ese "procedimiento específico" consistía en que las ayudas eran pagadas por la empresa pública IDEA con fondos que le enviaba la Consejería de Empleo -que las concedía- mediante transferencias de financiación, un instrumento que la Intervención alertó reiteradamente que era "inadecuado" ya que es una herramienta financiera que no puede tener un fin concreto sino equilibrar pérdidas y ganancias de las entidades públicas.

A preguntas del abogado del PP-A, que ejerce la acusación popular, García Revilla ha dicho estar "completamente de acuerdo" con la declaración que se le ha exhibido realizada por el exinterventor general Manuel Gómez -uno de los acusados- en 2013 ante la jueza instructora Mercedes Alaya, en la que señalaba que el consejero de Hacienda podía haber sometido "en cualquier momento" al Consejo de Gobierno los problemas del sistema manifestados "incluso sin informe del interventor" para adoptar las "medidas oportunas".

El letrado popular Luis García Navarro le ha insistido mostrándole otra respuesta del exinterventor general ante Alaya en la que decía que la solución era "tan simple" como que el consejero de Empleo ordenara al director general de Trabajo dejar de otorgar subvenciones, el de Innovación a IDEA no abonar más pagos o el de Hacienda a la Tesorería no abonar las transferencias de financiación de Empleo a IDEA.

Si bien en este extremo, el testigo se ha limitado a señalar que el interventor general "tiene una información más global" que la suya y "si así lo ha manifestado será porque lo considera factible".

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