Trabajo

Hubo ayudas de los ERE sin «ningún acto administrativo formalizado por escrito»

La madre de una trabajadora o el dueño de una empresa, en el catálogo de intrusos

Tomás Domínguez es uno de los ocho funcionarios que participaron en la revisión de expedientes de ayudas del “caso ERE” que declararon ayer (Foto: Efe)
Tomás Domínguez es uno de los ocho funcionarios que participaron en la revisión de expedientes de ayudas del “caso ERE” que declararon ayer (Foto: Efe)larazon

La madre de una trabajadora o el dueño de una empresa, en el catálogo de intrusos

Ocho testigos, unos con más aplomo que otros que contestaban más sueltos, desfilaron por las sesiones de ayer del primer juicio de los ERE. Poseían estudios diversos, incluidos los de filología inglesa o arquitectura técnica, pero tenían en común haber participado en la revisión de expedientes de ayudas sin fiscalización previa. De sus declaraciones se puede hacer un catálogo de anomalías. Coincidieron en el desorden de unos expedientes que contenían copias, documentos sin firmar, duplicados, «posit amarillos» pegados «encima de folios con notas» que podían ser hasta de «no pagar»... Los había «que eran un batiburrillo», condensó uno, y otro los tildó de «variopintos». Unos «aparentaban estar completos» y tenían cierto orden, mientras otros eran «la mínima expresión», explicó un compareciente. Confirmaron, entre otros puntos, que localizaron beneficiarios que no debieron serlo, intrusos como la madre de una trabajadora –el abogado del PP, Luis García Navarro, los cifró, junto a quienes incumplían los requisitos en 1.062, según un informe de la Cámara de Cuentas–, pagos cruzados, rentas vitalicias, pólizas que si moría el agraciado irían a «sus herederos legales» y personas que las cobraban «mientras trabajaban en otra empresa». «Había quien estaba simultaneando el cobro de la prejubilación con un trabajo por cuenta ajena, por el cual cotizaba», ratificó uno de los testigos. Vieron, pese a que a veces no contaban ni con el DNI de los empleados, que se incumplieron condiciones de edad, que al dueño de una empresa se le «premió» con una póliza, y que los tomadores de éstas eran diversos, entre ellos la Junta, empresas o incluso federaciones de CC OO o UGT. En concreto Tomás Domínguez reconoció que no esperaba que «en algunas ayudas no hubiese ningún acto administrativo formalizado por escrito». «Ninguno de los expedientes –que él revisó– seguía el procedimiento legalmente establecido. En algunos ni siquiera había una apariencia de él», dijo.