Justicia ideó una ayuda a medida de UGT tras no lograrla de forma abierta

El nombre de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos (Fudepa) figuraba entre los solicitantes excluidos para beneficiarse de las subvenciones anuales para la recuperación de la memoria histórica del año 2006, amparada en el decreto de 334/2003 de 2 de diciembre.

En concreto, la Fudepa concurrió en la modalidad de «estudios y divulgación», pero su propuesta fue rechazada al advertir la entonces Consejería de Justicia y Administración Pública que «el objeto social de la asociación no incluye la recuperación de la memoria histórica». La resolución, firmada por la ex consejera María José López, se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 11 de diciembre.

Tres años después, en 2009 y con Begoña Álvarez al frente de Justicia, la Fudepa obtenía 70.000 euros para el mismo fin. Esta vez se recurrió a una subvención excepcional mediante un convenio que firmaron el presidente de la fundación, Manuel Pastrana, y la consejera bajo el epígrafe «gastos derivados del funcionamiento relacionado con memoria histórica». Una ayuda excepcional de quince meses de duración, cuyos gastos «están totalmente justificados desde 2011», según confirmaron a LA RAZÓN fuentes de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, competente actualmente en la materia.

Pero el trasfondo de la adjudicación es lo que chirría, ya que el mismo departamento había rechazado expresamente conceder ayudas a la Fudepa en el ámbito de la memoria histórica. La definición que establece la Junta del término memoria histórica es «la necesidad de constatación de los acontecimientos acaecidos durante el período de la Guerra Civil y los años siguientes encaminada a lograr el reconocimiento público y rehabilitación moral de las víctimas». Según fuentes de la citada consejería, el acuerdo recogía que su fin era «conocer de manera histórica su legado más reciente» en referencia a los archivos de UGT.

Los estatutos de la entidad dependiente del sindicato reflejan que sus fines son además «la ejecución de proyectos de investigación socio-laboral con especial atención del estudio de la aplicación de las nuevas tecnologías de las comunicaciones a la actividad socio-sindical, la realización de estudios sindicales y la formación sindical especializada». Una actividad que, a priori y como señaló en su día la Junta, nada tiene que ver con el resarcimiento a las víctimas de la Guerra Civil.

Retiro de socialistas

Un patronato plagado de nombres ligados tanto a la cúpula de UGT como a conocidos dirigentes socialistas. Al ex líder andaluz Manuel Pastrana, que preside la fundación, se unen su sucesor, Francisco Fernández, y Rafael Toledano, gerente de la fundación y ex secretario provincial de UGT en dicha provincia durante tres mandatos. En cuanto a los cargos provenientes del PSOE, en la página web oficial figuran el ex alcalde de Sevilla Manuel del Valle, la ex concejal de Hacienda hispalense Nieves Hernández, Juan Ramón Troncoso –ex regidor de San Juan de Aznalfarache– o el ex consejero y rector de la Universidad Internacional de Andalucía Juan Manuel Suárez Japón.

La Fudepa fue constituida el 28 de noviembre de 2002 y reconocida en abril del año siguiente por la Consejería de Cultura como fundación Privada de carácter Cultural y Artístico. El archivo de UGT, cuya elaboración asume dicha entidad, es uno de los integrados en el Sistema Archivístico de Andalucía (SAA) desde el 25 de noviembre de 2005.

Además, las dos bibliotecas que posee –la Digital sobre Migraciones e Interculturalidad y la del Trabajo– forman parte de la red de centros de documentación y bibliotecas especializadas de Andalucía desde el 18 de septiembre de 2012, en virtud de un convenio de un año prorrogable por el mismo tiempo. Con él, la entidad se garantiza el acceso tanto a ayudas económicas como a los programas de formación continua ofrecidos por la Consejería de Cultura.

AYUDAS INCESANTES

Una subvención «excepcional» reiterada

En 2005, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández «delegó» en el Consejo Económico y Social de Andalucía la concesión de una «subvención excepcional instrumentada» a la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía para la 4ª edición del Premio Progreso. Se pagaron 35.000 euros. Cada año, por una u otra vía, se ha sufragado íntegramente con fondos públicos –el PP denunció también 15.400 euros procedentes de la Oficina del Bicentenario de Cádiz–. Organizado junto a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), el galardón, simbólico, consiste en una «figura que representa el Premio Progreso», según consta en las bases de la IX convocatoria.

Otros 71.000 euros para el archivo digital

En 2007, la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos percibió por parte de la Junta 71.854,56 euros para avanzar en el tratamiento documental del archivo histórico de la UGT de Andalucía, según quedó recogido en el BOJA del 1 de marzo.

Más de 97.000 euros para «fomentar el empleo»

Casi cien mil euros se embolsó la fundación del sindicato el año pasado dentro del «programa de fomento del empleo». El total de ayudas de la Junta desde su creación en 2002 hasta la actualidad superaba los 900.000 euros, según publicó Libertad Digital.