Caso Malaya

La Fiscalía del Supremo reclama 2 años más de cárcel para Del Nido

El dirigente fue condenado a siete años y medio
El dirigente fue condenado a siete años y mediolarazon

El fiscal del Tribunal Supremo (TS) solicitó ayer que se agrave en dos años la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Málaga al abogado y presidente del Sevilla FC, José María del Nido, por el «caso Minutas», por el que la Audiencia de Málaga le condenó a siete años y medio. El Ministerio Público considera que, además de los delitos de fraude, malversación y prevaricación por los que fue condenado, también cometió el de falsedad en documento mercantil con los documentos creados para las minutas de sus trabajos jurídicos.

El Tribunal Supremo revisó ayer en vista pública los recursos presentados a la sentencia de la Audiencia Provincial por el fiscal y por los condenados, entre los que también se encuentran el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, que fue condenado a las mismas penas que el primero; el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, al que se le impusieron cuatro años de prisión por fraude y malversación de caudales públicos; y la ex mujer de Del Nido, Ángeles Carrasco, condenada a dos años de cárcel y seis de inhabilitación, por fraude en concurso con malversación.

La Fiscalía considera acreditado que, aprovechando la «falta de control financiero» que imperaba en el Consistorio marbellí, los acusados actuaron para «detraer fondos públicos» con «servicios fraudulentos».

En ese sentido, hizo mención al caso del ex presidente de Baleares Jaume Matas, a quien se absolvió de prevaricación y falsedad porque, pese a que la contratación de un determinado periodista para que le escribiera sus discursos fue «irregular», sí se pretendía actuar en beneficio del interés general. «Aquí ocurre algo diametralmente distinto, porque se ha considerado que estos trabajos fueran inexistentes e innecesarios para Marbella», razonó.

En lo que se refiere a las defensas, la del mandatario del club sevillano mantuvo que la posible irregularidad del servicio o la necesidad del mismo no es reprochable ni atribuible al profesional que lo realiza porque no compete a éste valorar si el mismo es necesario.

La decisión del Supremo podría demorarse uno o dos meses.