La Policía no da marcha atrás: Faasa usó la falta de control de la Junta en su «beneficio»

A veces pasa que el problema llega con el deshacer. Pero la Policía que analiza lo sucedido en torno a la contratación por parte de la Junta de medios aéreos para el Plan Infoca se ratifica en lo actuado. En un informe remitido al juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla que arma el caso, rebate las alegaciones formuladas por una de las empresas implicadas, Faasa Aviación, y se reitera en varias de sus conclusiones como que aquélla «ha aprovechado a beneficio propio» cuando «el control de la Junta de Andalucía ha sido insuficiente» o en que «los indicios fundadamente apoyan que las irregularidades cometidas por la investigada en la petición de subvenciones sobrepasan el ámbito administrativo».

Es más, los investigadores acusan a la sociedad de haber intentado en algunos puntos de sus escrito «crear» interpretaciones distintas a las mantenidas por ellos «a base de extraer frases y expresiones de su contexto, para enlazarlas» a su «conveniencia». Llegan a tildar algunas de sus alegaciones de «histriónicas» o «calumniosas en su forma» y le reprochan que use argumentos como «los cursos de Faasa nada tenían que ver con los otorgados habitualmente por la Junta» en «un intento de convertir esta reflexión en una suerte de ‘patente de corso’ para justificar cualquier tipo» de anomalía. Trasladan también al juzgado que la mercantil insiste en que «lo sufragado por fondos públicos está por debajo de los costes reales» de los cursos que impartió, si bien, a juicio policial, «si esto es así, deberían haber buscado una solución legal, que no pasase por la comisión de irregularidades en la petición de subvenciones». En definitiva, los agentes no consideran necesario retractarse de «ningún aspecto fundamental de la investigación» tras analizar «punto por punto» lo replicado por la empresa, pese a sí reconocer «algún error conceptual», al mantener que las presuntas anomalías «cometidas por Faasa para la obtención» de ayudas «tenían una intencionalidad previa dirigida a la consecución de capital público al margen de los requisitos establecidos para ello». «Materialmente, tanto la cuantía de lo presuntamente defraudado como el 'modus operandi', revisten, indiciariamente, caracteres de delito», reflejan en su informe. La Policía ha detectado anormalidades en 11 expedientes de subvenciones para la formación y en dos de innovación. Desde ahí pide al juzgado que autorice la entrega de una copia de las actuaciones a la Intervención General de la Junta para que ésta pueda realizar «una pericial cuantitativa aproximada» del dinero público que Faasa habría presuntamente obtenido de «manera irregular», para saber lo supuestamente defraudado. A ello suma que el órgano judicial articule solicitudes de información a la Consejería de Empleo para, entre otras cuestiones, saber si conocía que en los cursos de piloto comercial, «la mercantil cobraba a los alumnos»; así como al departamento de Innovación y a la propia Faasa.

La empresa señalada siempre ha defendido que ha hecho un «adecuado» uso de los fondos públicos que le han concedido y que las irregularidades, de haberlas, serían en todo caso «administrativas» en el ámbito del «caso Infoca».