La política «de género»

Como afirma el prestigioso –y polémico– profesor canadiense Jordan B. Peterson, tras la caída del Muro de Berlín, ¿qué hizo la izquierda posmoderna? Una maniobra tramposa y brillante. Sustituyeron el foco del debate: de la lucha de clases a la lucha de identidades. Y la «guerra de sexos» fue la estrella de esta mutación política. En España, la sustitución de la «lucha de clases» por la «guerra de sexos» implicó, en la izquierda política, la rápida sustitución del marxismo por el feminismo, que es el soporte ideológico de esta nueva forma de hacer política. Pronto, y por puro electoralismo, todos los partidos del arco parlamentario se sumaron al carro feminista, que pasó de ser la ideología de la izquierda a ser la ideología del Estado. La competencia entre los partidos políticos se centró entonces en ver quién era el más feminista de todos. Iba a ganar Zapatero.

En diciembre de 2004, el primer gobierno de ZP presentó en el Congreso su «Ley Integral de Violencia de Género», una ley sin precedentes en nuestro entorno occidental, pues rompía el artículo 14 de la Constitución, estableciendo distintas penas para los mismos hechos según el sexo de su autor, amén de quebrar la presunción de inocencia masculina. A pesar de la frontal oposición de todas las asociaciones de juristas del momento, por su evidente inconstitucionalidad, esta ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso, y ratificada por su Tribunal Constitucional. Comenzaba así la era del «género» en España, es decir, de la criminalización del varón por el hecho de serlo. El neologismo «género» fue el subterfugio para discriminar por sexo, estableciéndose culpabilidades colectivas al más puro estilo nacionalsocialista o estalinista. Con la agravante de hacerlo en la intimidad, algo que los totalitarismos del siglo XX no se habrían atrevido siquiera a soñar. Siguiendo a la preclara filósofa judía Hannah Arendt, el totalitarismo es la imposición de una verdad oficial única, incuestionable y arbitraria –la «ficción totalitaria»– destinada al mantenimiento del poder, y legitimada por su plasmación en leyes, lo que separa cada vez más a la ley de la ética; colocándose a determinados grupos fuera del sistema penal ordinario.

El relato del feminismo «de género» español es un relato de violencia, donde el varón es siempre el mal –porque es machista– y la mujer siempre es la víctima, por eso hay que creerla a priori, como dice la ministra Carmen Calvo. Un relato maniqueo de buenos y malos, que divide íntimamente a la sociedad, y que es impermeable a todas las evidencias que lo contradicen. Por eso las denuncias falsas no existen; ni los hombres asesinados por sus parejas, ni los menores asesinados a manos de mujeres, que tampoco existen para las estadísticas oficiales. Con este chantaje moral, y la inestimable ayuda de los medios de comunicación de masas, el «género» se ha convertido en el paradigma político del siglo XXI, una panacea sin límites para la demagogia.

Pero ya no pueden seguir ocultando el estrepitoso fracaso de su «Ley de Violencia de Género», por partida doble: por perseguir –y destruir– injustamente a muchos hombres inocentes, y por mostrarse inútil –cuando no contraproducente– para alcanzar sus supuestos fines. Según informes del propio Ministerio del Interior, la etiqueta violencia de género se ha mostrado inútil para atajarla (...) la violencia de género no puede tratarse como un fenómeno homogéneo, porque no lo es. Pero la etiqueta quizás sirva para otras cosas. Sobre todo para que a los nuevos y eclécticos políticos «de género» les sigan votando las mujeres, que son mayoría. El problema les surge cuando los varones, ante semejante abuso, han empezado a votar también por cuestiones «de género». En esas estamos. En ese grado de degeneración está la democracia española, lo que la inhabilita de raíz para resolver los problemas reales que nos acucian por todas partes.

Pero no nos equivoquemos de objetivo. Todo esto, más allá de la estéril «guerra de sexos», es una guerra de la sociedad civil contra una política adulterada, que nos lleva a ninguna parte. Nos jugamos mucho en el envite. Demasiado. Ya va siendo hora de decirnos la verdad, y de exigírsela a quienes se otorgan el privilegio de representarnos. Es nuestro derecho como ciudadanos, pero, sobre todo, nuestra obligación ineludible como personas.