Las sentencias permitirán a un millar de alumnos matricularse

Los centros que imparten este tipo de enseñanza piden blindar este modelo en los pactos educativos a nivel nacional y autonómico

Tras las recientes sentencias del Tribunal Supremo (TS) que avalan a los centros de educación diferenciada, respaldando así su sostenimiento con fondos públicos, quedaba la duda de la matriculación de los alumnos, un proceso que se desarrollará con normalidad en los próximos días. Casi un millar de estudiantes podrán iniciar los trámites en los nueve centros no mixtos de Andalucía, ubicados en las provincias de Córdoba y Sevilla. Se trata de 500 alumnos de nuevo ingreso desde Educación Infantil hasta Bachillerato, más otros 500 pertenecientes a ciclos de Formación Profesional. Así lo dieron a conocer ayer diversos representantes del sector, que valoraron los fallos del TS –de momento relativos a los centros Altair y Ribamar– tras una dura batalla que parece ser que se alargará a tenor de la oposición de la Junta hacia este modelo educativo. El secretario general de la patronal CECE, Rafael Caamaño, subrayó que llegar a este pleito «no es agradable», por lo que instó a incluir la educación diferenciada en los pactos educativos, a nivel nacional y autonómico, que se están gestando, con el objetivo de blindar los derechos de las familias que optan por este modelo. Igualmente, remarcó que «no entramos en política», en alusión a la decisión de la Junta de recurrir la Lomce ante el Tribunal Constitucional.

Por su parte, Carmen Mora, letrada que ha llevado el caso, mostró su satisfacción por las sentencias, que ratifican una anterior de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y que «interpretan por primera vez la convención de la Unesco que es la base de este modelo educativo», una opción que «no es discriminatoria, tal y como dice el Supremo». También destacó la «construcción ideológica de la Administración y de determinados sectores de la sociedad en torno a este asunto», por lo que el escenario que se abre ahora «no tiene nada que ver con las opiniones, sino con el acatamiento del ordenamiento jurídico». Por ello, defendió que «a la Administración no le corresponde elegir los modelos educativos, sino a las familias conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas». También valoró las bondades de este modelo Abel Martínez, presidente de Fapyma, la federación de Ampas, subrayando que el concierto a estos centros «es una manera de garantizar la igualdad, ya que si no serían centros elitistas a los que sólo podrían acceder una parte de la sociedad», al tiempo que subrayó que este modelo está afianzado en países que «son referencias democráticas».

La directora del colegio Ribamar, Macarena López, recordó que su centro ha recibido el doble de solicitudes respecto al curso anterior, además de asegurar que es un modelo «con demanda social». «Apostamos por la mujer, por el liderazgo femenino», remarcó. Por su parte, el director de Altair, Javier Delgado, aseguró que unos 300 alumnos se hubieran quedado fuera con la retirada del concierto, además de reclamar a la Administración «tolerancia y más atención a la diversidad». «Nos ubicamos junto a los barrios más pobres de España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La discriminación sería tremenda si no se mantuvieran los conciertos, ya que estudiar en nuestro centro costaría 300 euros al mes, y no todas las familias se pueden permitir eso».