«Legalizar» Mercasevilla, por las malas

Salvo giro inesperado de las negociaciones, a Juan Ignacio Zoido le costará otro conflicto judicial crear una «nueva Mercasevilla» que desde el 12 de agosto, cuando se ejecuta la liberalización, acabe con la imagen de corrupción y foco de polémica que ha redeado a la empresa pública los últimos años por la nefasta gestión en la etapa de Alfredo Sánchez Monteseirín. La plantilla, que ya protagonizó un lamentable incidente con acoso incluido a concejales del Ayuntamiento hispalense, ha elegido, entre insultos al alcalde, el camino más tortuoso para ejecutar el plan de viabilidad que plantea la dirección de la sociedad mixta y que tiene como objetivo legalizar y permitir la supervivencia de la propia empresa, que arrastra un déficit de explotación de 4 millones de euros. Cerrado el periodo de consultas del tercer ERE en diez años –«el definitivo», según el concejal Gregorio Serrano–, y que pretende acabar con la «ineficiencia y sobredimensionamiento actual», los contactos no llevaron a acuerdo alguno y el comité de empresa anuncia una «batalla judicial» mientras 115 empleados esperan ya la carta de despido y otros 39 puestos se externalizarán. Impugnaciones individuales y un recurso colectivo al ERE, que ya dio la razón a los trabajadores de otra sociedad municipal como «Sevilla Global», pero en circunstancias diferentes pues a los argumentos económicos se suma ahora el requirimiento europeo de acabar con el monopolio de la lonja del pescado.

Los intentos de acuerdo de la empresa para «aminorar o atenuar» las bajas inicialmente propuestas fueron rechazadas por los representantes sindicales, cuya única vía de diálogo pasaba por la gestión directa frente a la externalización de todos los servicios, algo «inasumible». Para ello, plantearon una reducción de la jornada semanal a 30 horas, con un ahorro de 1,2 millones en masa salarial, «insuficiente» porque continuaría existiendo un desfase de 2,8 millones en el déficit de explotación. Para lograr ese equilibrio debería existir una demanda de los servicios que «no concurre» por parte de los mayoristas

Frente a ello, Manuel Blanco, al frente de la empresa, lamentó que los sindicatos se negasen a negociar con los mayoristas la recolocación de 40 empleados. Además, rechazaron una rebaja salarial para mantener los servicios de limpieza, mantenimiento y vigilancia, y una mejora de las indemnizaciones de 20 a 25 días por año trabajado con un tope de 17 mensualidades. Ni el Ayuntamiento ni la ciudad se puede permitir un tercer ERE como los de 2003 y 2007, repletos de irregularidades.