Los fiscales arremeten contra la jueza Núñez ante su jefe

Los delegados de Anticorrupción en Sevilla se quejan de la forma en que la magistrada, que se acaba de dar de baja, investiga las macrocausas

La delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla, formada por seis representantes del Ministerio Público personados en macrocausas como los ERE, los cursos de formación o los avales de IDEA, ha elevado un informe al fiscal jefe de esa sección, Alejandro Luzón, en el que exponen su queja a la forma en la que la jueza María Núñez está instruyendo todas esas macrocausas en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Este informe, adelantado este miércoles por El Independiente, se conoce justo un día después de que la jueza se haya dado de baja por motivos de salud.

Desde el Ministerio Público lo enmarcan dentro de los frecuentes escritos internos en los que los fiscales delegados informan de la marcha de las principales causas en cada territorio y eluden hablar de queja formal. Pero lo cierto Anticorrupción y la jueza Núñez llevan tiempo cruzándose reproches, vía autos y recursos, que han ido en aumento. Y no son los únicos enemigos de la jueza, que ya tuvo que afrontar el descrédito de su antecesora, Mercedes Alaya, que rechazó que tuviera formación para sustituirla al venir de un juzgado de familia. También con los abogados del PP, que ejercen la acusación popular en varias de estas macrocausas, que han llegado a recusarla, sin éxito. Núñez, por su parte, ha cuestionado sus razones para personarse apelando a motivaciones de estrategia política y ha tratado de expulsarlos imponiéndoles cuantiosas fianzas que en muchos casos la Audiencia le ha obligado a rebajar.

En numerosos escritos, recurriendo decisiones de la jueza, los fiscales han cuestionado su «adecuada interpretación» de diligencias y pronunciamientos de otros tribunales, criticado «retrasos» o «apenas avances» en la instrucción, alertado del «riesgo» de dejar delitos «impunes» o insistido en las «reiteradas» diligencias solicitadas que llevan años sin que la jueza ordene pese a su «importancia para esclarecer los hechos que se investigan».

El cruce de autos y recursos obedece principalmente al archivo de piezas separadas del caso ERE por parte de Núñez y a la exclusión de ex altos cargos del Gobierno socialista en las múltiples causas en las que se dividió la macrocausa abierta por Alaya (que siempre se negó a dicha división, que en su momento pidieron los fiscales). Una decisión que Núñez ha ido adoptando siguiendo el criterio marcado en su día por la Sección Primera de la Audiencia, encargada de ver los recursos de los ERE, que dio la razón a las defensas de varios de exaltos cargos juzgados en la pieza política del caso (pendiente de sentencia) que apelaron a que sus clientes ya no podían ser sometidos a más juicios por los ERE porque una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos.

La Sección Séptima de la Audiencia, y Núñez siguiendo su criterio como «único que la vincula», entienden que como en la pieza política los 22 exaltos cargos acusados (entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves yJosé Antonio Griñán) fueron juzgados por delitos continuados de prevaricación y malversación por crear y usar un sistema «específico» dar ayudas públicas «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», no se les puede juzgar por cada una de las ayudas dadas siguiendo ese sistema entre 2001 y 2010. La Fiscalía discrepa y recurre las decisiones en este sentido una u otra vez. También ellos se han llevado rapapolvos de la Sección Séptima en los autos que rehazan sus recursos, acusándoles de que la culpa la tiene su «afán globalizador» al acusar a los procesados de delitos continuados.

En otra investigación, la de los avales concedidos por la agencia pública IDEA, Núñez ha decretado el archivo y de nuevo la Fiscalía ha recurrido. También alega que la jueza concluye que se han desvanecido los indicios de delito porque hace una interpretación «que no es adecuada» de un informe pericial y critica que ha hecho caso omiso de la documentación que Anticorrupción lleva tres años pidiéndole que pida y que ya se acordó que se pediría. Una vez más advierte de que los delitos investigados corren el riesgo de prescribir porque los avales fueron concedidas en 2009 y 2010.

Argumentos como éstos se repiten en los recursos fiscales en las causas sobre las ayudas de la Junta para cursos de formación, que Núñez también dividió nada más llegar en contra del criterio de Alaya y repartió en los juzgados provinciales donde muchas piezas se han archivado. O en el caso Faffe.