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Los peritos dicen que hubo «descontrol absoluto» en los ERE

Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

27 de febrero de 2015. 17:36h

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Efe.  Sevilla. 27/2/2015

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Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado que han ratificado un informe clave para la acusación en el caso de los ERE han asegurado ante la juez Mercedes Alaya que hubo un "descontrol absoluto en el pago de las ayudas" concedidas por la Junta de Andalucía.

En sus declaraciones, los peritos han afirmado que las ayudas son "un tema que trasciende del puro derecho administrativo", y han agregado que "la Administración se rige por las normas de derecho administrativo, y el incumplimiento de tales normas ha llevado al descontrol absoluto en el pago de las ayudas".

"Lo que era esa falta de control, esa cuestión que parece puramente formal o administrativa como es que el interventor fiscalice, habría evitado que las ayudas se dieran sin control alguno, llegando a la situación que se conoce por estas diligencias previas y por la prensa", concluyen los peritos en su declaración, según recoge el acta a la que ha tenido acceso Efe.

Cuando la juez les pregunta por "las consecuencias previsibles del uso inadecuado de las transferencias de financiación", los peritos señalan que "la primera consecuencia es que el procedimiento de concesión de subvenciones se queda sin fiscalizar".

"A partir de ahí pueden venir los incumplimientos que realmente hubo, y se quedan sin fiscalizar porque el interventor de la Consejería de Empleo lo único que fiscaliza es la transferencia de financiación", matizan.

Sobre la ausencia de fiscalización, se refieren al fax del gabinete del Consejero de Empleo en el que se afirma: "La alusión a la elusión del tramite de control financiero, no parece muy preciso que se resalte en unas conclusiones. Puede ser una pretensión o un efecto implícitamente buscado, pero no conviene destacarlo".

Luego añaden que el interventor comprueba que existe "crédito de transferencia de financiación, que el dinero vaya a IFA y que haya un plan de Tesorería acordado con la Dirección General de Tesorería de la Junta, pero obviamente esos requisitos no tienen nada que ver con el procedimiento de concesión de subvenciones que establece".

Los peritos se refieren a la necesidad de que "existan bases reguladoras de la subvención o que estén reguladas las obligaciones del beneficiario".

En su declaración, que hoy ha cumplido la tercera jornada y continuará el próximo lunes, los peritos han reiterado que no se puede aplicar "en ningún caso" las transferencias de financiación a pagar ayudas sociolaborales excepcionales, y añaden que "no hay un concepto más regulado que éste".

"El expediente administrativo de transferencias de financiación ha sido tramitado para financiar operaciones de encargo de ejecución, subvenciones excepcionales u otros que habrían requerido de una tramitación administrativa propia y sometida a fiscalización administrativa previa", resaltan.

A la pregunta de Alaya sobre "qué podrían haber hecho los responsables de la Consejería de Empleo al advertir la vulneración del procedimiento legal de subvenciones y sus ilícitas consecuencias", los peritos contestan que "tramitar las modificaciones presupuestarias necesarias para obtener el crédito adecuado".

Sin embargo, "en los años 2000 y 2001 se hicieron modificaciones presupuestarias para llevar los créditos del lugar adecuado al lugar improcedente y posteriormente, a partir de 2002, se presupuestaron en lugar improcedente y las modificaciones presupuestarias que se hicieron no fueron para corregir la situación, sino para incrementarla".

Han reiterado que las "altas jerarquías" de la Junta conocían la falta de regulación de las ayudas sociolaborales y el uso inadecuado de las transferencias de financiación, según han respondido a Alaya en referencia a la Intervención General, las consejerías de Hacienda, Empleo e Innovación, la Comisión de Viceconsejeros y el Consejo de Gobierno.

Ha dicho que la Intervención hizo una serie de observaciones, la más significativa en 2007, respecto a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, la Empresa Publica de Gestión de Programas Culturales, la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, EXTENDA, EGMASA, EPDASA, GIASA, RTVA y TURASA.

Todas ellas "presentan defectos en la contabilización de las transferencias de financiación" que "dificultan o hacen inviable" los reintegros e "impiden la fiscalización previa de las operaciones que encubren", de lo que Intervención avisó al Consejo de Gobierno, según los peritos, que ponen como ejemplo de buena ejecución de las ayudas lo hecho por el Estado en la Faja Pirítica.

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