«Nunca he puesto en duda el buen hacer de las direcciones generales»

El último de los encausados en la pieza del procedimiento específico de los ERE en declarar, el que fuera secretario general técnico de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico entre 2000 y 2004, Juan Francisco Sánchez García, que se enfrenta a una petición de ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación, señaló que «no puso en duda» la labor de la Dirección General de Trabajo con las ayudas y que «no conocía en profundidad los presupuestos» de este departamento.

Sánchez García testificó que «los consejos de dirección eran muy globales, muy políticos. Se veía el conflicto y el alcance», por ejemplo de la crisis de «Santa Motor». Confirmó que «en los consejos ampliados estaban los delegados provinciales» y defendió que «cada subvención tiene una fiscalización previa». El alto cargo manifestó que «no conoció el reparo (por parte de la Intervención) ni participó en las alegaciones». «Era corriente la utilización de IDEA como medio propio», aseguró, añadiendo que se pasó «del convenio marco a la formalización de encargos de ejecución, no sabe por qué». «Nunca he puesto en duda el buen hacer de las direcciones generales» y «nunca» le «pasó por la imaginación que las actuaciones de la Dirección General no se ajustaran a derecho». El IFA/IDEA, defendió, «no era crónicamente deficitario».