Podemos busca que declaren en la comisión de la Faffe las prostitutas del club sevillano

La presidenta impide que los grupos voten sobre preguntar a Díaz por el adelanto electoral

Aunque saben que la provisionalidad embadurna los trabajos de la comisión de investigación parlamentaria sobre las entrañas de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) por amenaza de adelanto electoral, el representante de Podemos en la misma Jesús Romero anunció ayer que pedirán que comparezcan tanto las trabajadoras del club de alterne sevillano donde presuntamente se cargaron casi 15.000 euros a una de las tarjetas de crédito de la ex entidad pública, asignada al ex director del ente Fernando Villén, como el dueño del Don Angelo, según confirmaron a este periódico fuentes de la formación morada. Quieren que esa futura delegación del establecimiento «ilustre» a los diputados sobre en qué se gastaron el dinero y si los que lo hicieron eran habituales del puticlub.

Podemos ha puesto también su mira en los ex «presidentes de la Junta», el ex vicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, en ex consejeros y otro personal de departamentos de Empleo o Educación, directivos de la antigua fundación, en diputados socialistas como Luis Pizarro, ex altos cargos «enchufados» de ese partido, en el alcalde de Sevilla, Juan Espadas –su mujer trabajó en la Faffe–, y en representantes de las empresas que se «enriquecieron» con las subvenciones que repartió el Ejecutivo autonómico.

Al margen de esos futuribles, en la segunda reunión de la comisión con la socialista Marisa Bustinduy en el puesto de mando hubo un asunto que generó tensión. Podemos e IULV-CA defendieron que se reclamara información a la presidencia del Gobierno regional, Susana Díaz, respecto a la fecha de las próximas elecciones autonómicas para poder planificar la labor del órgano parlamentario en función del tiempo que reste de legislatura. Si bien, según trasladaron a este diario desde los partidos de la oposición, Bustinduy se negó incluso a someterlo a votación al resto de los grupos agarrándose a que la convocatoria de los comicios es una prerrogativa exclusiva de la presidenta de la Junta. En relación a esa negativa, la diputada de Ciudadanos (Cs) Marta Bosquet lamentó que la socialista hubiera «hecho bien su trabajo en defensa del Gobierno de Susana Díaz», mientras el popular Jaime Raynaud sostuvo que preguntar por las elecciones no se puede considerar sinónimo de «ofender». Algo más duros se mostraron los promotores de la iniciativa. El portavoz de IULV-CA, Antonio Maíllo, acusó a la presidenta de la comisión de imitar a su jefa por el «tono faltón» empleado y Romero no dudó en aseverar que estaba «mandatada» por Díaz para «reventar» una comisión a la que se le augura una corta vida.

Del otro lado, el parlamentario andaluz del PSOE Juan Latorre acusó a Podemos e IU de estar «enredados en su campaña electoral» y de buscar «enredar» el ente investigador de la Cámara con «una propuesta que además resulta absolutamente ridícula». «No sé si en este caso lo que pretendían es que no pusiéramos una fecha para entregar el plan de trabajo», llegó a insinuar. Pero lo cierto es que se fijó. La comisión acordó que los grupos parlamentarios tengan de plazo máximo hasta la mañana del próximo 5 de octubre para presentarlo –el PP planteó que el tope fuera el día 2–. Luego se tendrá que elaborar una propuesta consensuada de síntesis que se someterá a aprobación el día 9.