Financiación autonómica

Pronunciamiento unánime por una reforma del sistema de financiación

El Parlamento reclama al Gobierno con el apoyo de todos los grupos un nuevo modelo de manera «urgente», tras constatar el fracaso del vigente que impulsó Zapatero

Susana Díaz, junto a miembros del PSOE, durante el debate de ayer
Susana Díaz, junto a miembros del PSOE, durante el debate de ayerlarazon

El Parlamento reclama al Gobierno con el apoyo de todos los grupos un nuevo modelo de manera «urgente», tras constatar el fracaso del vigente que impulsó Zapatero

Posición unánime, salvo la abstención de IU. El pleno del Parlamento andaluz aprobó ayer una resolución en la que instaba a la Junta a que demande al Gobierno central que presente «de manera urgente» una propuesta para la reforma del sistema de financiación autonómica. La iniciativa debería debatirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al objeto de cumplir así con el mandato de la Conferencia de Presidentes que establecía el 1 de enero de 2018 como fecha de entrada en vigor del nuevo modelo. Eso no significa que esté aprobado antes de esa fecha, sino que sus efectos se apliquen desde el próximo ejercicio.

La crisis económica y el desafío independentista en Cataluña han impedido que en los últimos años se aborde la financiación autonómica. El sistema actual entró en vigor en 2009 y, en principio, debía revisarse en 2014, aunque el Gobierno ha asegurado en alguna ocasión que eso no implica necesariamente que esa fuera la fecha de su caducidad. De hecho, sigue en vigor, aunque el PP –que no votó a favor del mismo– lleva años anunciando su intención de reformarlo. Ahora parece que será el momento: la paulatina recuperación económica es un hecho y tras las elecciones del próximo 21 de diciembre en Cataluña puede abrirse un nuevo escenario político más favorable para abordar una reforma que debe contar con la aceptación mayoritaria de las autonomías sometidas a este régimen financiero.

La falta de financiación es el principal argumento esgrimido por la Junta de Andalucía para explicar la falta de convergencia con otras regiones. También lo ha sido en este Debate sobre el Estado de la Comunidad. El PP ha admitido que el modelo impulsado por Zapatero y que contó con el respaldo de Chaves –en el Gobierno– y Griñán como presidentes del Ejecutivo autonómico perjudica a la región, como también lo hace la falta de «capacidad de gestión» de Susana Díaz. En cualquier caso, todos los partidos presentaron ayer propuestas para que se aborde este asunto.

Además del texto del PSOE, también se aprobó otro por unanimidad de Podemos en el que se respaldaba al Gobierno andaluz para que, a través del debate y del trabajo con todos los grupos parlamentarios, proponga la reforma del actual sistema de financiación autonómica para garantizar la suficiencia global del sistema, acabar con la infrafinanciación que sufre Andalucía, mejorar la convergencia y reformar la autonomía fiscal.

Igualmente, y con la única oposición del PSOE, el Parlamento aprobó una petición de IU en la que se instaba a la Junta a trabajar, «en el marco del nuevo modelo de financiación autonómica, en favor de la aprobación de un modelo de financiación local que suponga la suficiencia financiera, la distribución de recursos de acuerdo a la población y las competencias propias de cada administración y desde el principio de solidaridad».

PSOE, Podemos e IU aprueban que el SAS incluya el aborto

El Parlamento debatió ayer 175 propuestas de resolución (35 por grupo). Entre las que se aprobaron figura una de IU, con el apoyo del PSOE y Podemos, que aboga por incluir en las prestaciones públicas de la sanidad andaluza la interrupción voluntaria del embarazo. De las propuestas del PP-A que salieron adelante, destacaron las que piden a la Junta a impulsar un gran pacto por el empleo y un plan integral de fomento del empleo joven, además de ejecutar al 100% todas las partidas en esta materia y exigir el cobro inmediato de las cantidades defraudas en el «caso de los ERE» y de la Formación Profesional para el empleo. También se apoyó otra resolución que exigía la reducción de un 25 por ciento del número de altos cargos y asimilados, e introducir mejoras en la transparencia de la gestión de los fondos públicos de los presupuestos, así como que la Junta remita una ley de subvenciones en el próximo periodo de sesiones.