Andalucía

Una productora privada por la que se esfuma el dinero público

La Intervención alerta de la pérdida de 2,5 millones por acciones de Sandetel en ADM

La empresa audiovisual ADM trabaja casi en exclusiva para Canal Sur, con programas como Andalucía Directo / Foto: Manuel Olmedo
La empresa audiovisual ADM trabaja casi en exclusiva para Canal Sur, con programas como Andalucía Directo / Foto: Manuel Olmedolarazon

La Intervención alerta de la pérdida de 2,5 millones por acciones de Sandetel en ADM

La maraña de las empresas públicas se desenreda poco a poco. La indiscutible utilidad de muchas de ellas esconde un trasfondo de operaciones opacas en algunas de esas sociedades, entre ellas, la Radio Televisión andaluza (RTVA). Canal Sur es uno de los entes que más plantilla y dinero mueve: 1.400 trabajadores y 139 millones de euros de presupuesto este año. Su función no se limita a la emisión de contenidos, sino que posee además casi la mitad de otra empresa pública: Sandetel, repartida entre la RTVA (49%) y la Agencia Idea (51%). En teoría, este ente se concibió en 1997 para prestar servicio a la Administración en el ámbito de las telecomunicaciones, en lo referente a sistemas de información e infraestructuras digitales y gestiona también la red corporativa de la Junta y sus portales de internet.

Una auditoría de la Intervención General, a cuyo informe provisional ha tenido acceso LA RAZÓN, concluye que Sandetel está cometiendo numerosas irregularidades en su gestión. El órgano de control considera además que «carece de sentido que Sandetel participe en una entidad privada cuya actividad principal está focalizada en la producción de programas de televisión para Canal Sur», dice refiriéndose a la productora audiovisual ADM. Más si, como certifica la Intervención, le ha supuesto pérdidas de 2,5 millones de euros desde su creación.

La empresa se fundó un año después que Sandetel, que posee el 47,81% del accionariado. Para ello aportó 5,5 millones de euros, una cantidad que ha ido mermando debido a las constantes pérdidas acumuladas por la productora en cuestión. ADM es una de las llamadas empresas «pata negra» que reciben numerosos encargos de Canal Sur para realizar programas emblemáticos como Andalucía Directo. ADM está participada en un 47,8% por Sandetel según recoge el exhaustivo análisis de la Intervención. Se trataría, por tanto, de una empresa privada que se beneficia del trato de favor de Canal Sur en sus contrataciones porque la televisión pública andaluza es precisamente una de sus propietarias, a través de Sandetel. «La actividad de ADM está focalizada en la prestación de servicios a un cliente (Canal Sur Televisión S. A.), con el que desarrolla la mayor parte de sus operaciones mediante contratos trimestrales renovables», apunta. En este sentido, destaca que incluso la RTVA tiene a dos representantes en el Consejo de Administración de la productora. Este singular «modus operandi» no supone, sin embargo, a juicio de la Intervención «ningún incumplimiento de la normativa», aunque cree necesario resaltarlo y a ello dedica dos folios completos de los 118 de los que consta el informe referido.

Sueldos opacos y falsos autónomos trabajando en Sandetel

El examen a Sandetel incluye su plantilla y personal directivo, así como los contratos y encomiendas de gestión que recibe de las distintas consejerías. El informe advierte de incumplimientos graves «de especial relevancia» como la falta de control sobre el coche de empresa que, en teoría, tiene asignado el consejero delegado pero no consta en ningún documento que así sea. «Sandetel no lleva registro de partes de vehículos por lo que es imposible verificar el uso que se le da (profesionaly/o personal) y quiénes pueden disponer de él, pudiéndose tratar de una retribución no declarada. El máximo directivo fue además contratado sin que la consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo lo hubiera autorizado. Solo obtuvo ese veredicto dos meses después de rubricarse el nombramiento. La Intervención alerta de que a algunos trabajadores se les pagan pluses que no están reflejados en su contrato ni en ningún otro documento justificativo y que estarían al margen del convenio colectivo. Esos pagos tampoco habrían sido autorizados por la Dirección General de Planificación y Evaluación. Las irregularidades no acaban ahí: al menos siete trabajadores estarían contratados como falsos autónomos. Otros 81 empleados tienen contratos fraudulentos al acumular más de cuatro años como temporales.

Respecto a los contratos con empresas, el organismo de control ha detectado que se han fraccionado para saltarse los mecanismos legales y adjudicarlo de forma directa. El reguero de incumplimientos afecta también a las cuentas presentadas, con partidas que difieren de los justificantes aportados por Sandetel y de los que Intervención advierte reiteradamente.