El Consistorio palentino quiere evitar llegar a la vía judicial con la Diputación

El litigio que mantienen el Ayuntamiento y la Diputación de Palencia por la calle Jardines de la capital ha llegado a un nuevo punto. Tras conocer el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, que ha declarado válido el acuerdo entre ambas instituciones por el que el Consistorio tendrá que pagar los 25 millones que le reclama la institución provincial, el equipo de Gobierno municipal anunció que buscará el acuerdo para evitar la vía judicial en esta materia.

El problema surgió en 2010, cuando el entonces alcalde socialista Heliodoro Galledo y el presidente de la Diputación, el popular Enrique Martín, firmaron un convenio que permitió abrir la calle Jardines de la capital y conectar la zona de Parque Europa con el centro.

En base a este convenio, la Diputación cedió más de 38.000 metros cuadrados de suelo al Ayuntamiento y este se comprometió a devolver a la institución provincial 18.000 metros de ese suelo convertido en urbanizable en un plazo de dos años, una recalificación que aportaría al menos 19 millones de euros a la Diputación través de la explotación urbanística de ese suelo.

La crisis económica fue dificultando el cumplimiento de este convenio que fue aplazando con cuatro prórrogas (lo que ha generado 5 millones de intereses) hasta que en octubre de 2018 ambas instituciones empezaron a negociar una solución definitiva que no llegó a ningún acuerdo político ya que el Ayuntamiento defiende que el convenio firmado en 2010 es nulo y la Diputación lo considera válido.

Finalmente ambas instituciones acabaron recurriendo al Consejo Consultivo en marzo de este año para que se posicionara sobre la nulidad o no del acuerdo, fallo que se ha conocido esta semana y que declara válido el convenio de la calle Jardines y rechaza los argumentos del Ayuntamiento.

En este punto, y tras agotar la vía administrativa, la intención del alcalde, Mario Simón, es aprovechar el aplazamiento de 60 solicitado de mutuo acuerdo para buscar la mejor solución al problema antes de que llegue la fecha fijada por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para abordar de nuevo el caso, momento hasta el cual apostará por el diálogo para buscar una salida al conflicto.