El Govern entra en campaña con la regulación del alquiler

Aprueba un decreto para contener los precios de los arrendamientos

El Govern ha irrumpido en la campaña electoral a menos de cinco días para los comicios municipales. Con el independentismo muy cerca de vencer en Barcelona, la plaza más preciada para darle impulso al proyecto rupturista, el gobierno catalán aprobó ayer un decreto Ley para regular el precio del alquiler, una iniciativa que no ha estado exenta de tensiones en el propio ejecutivo, ya que ha sido impulsada por la conselleria de Justicia, en manos de ERC, ante las reticencias de JxCat. La norma, que deberá ser convalidada durante los próximos 30 días por el Parlament, permitirá poner coto a los precios del alquiler en áreas en las que se hayan disparado.

La Generalitat, a petición de los ayuntamientos, podrá decretar en toda Cataluña qué ciudades o barrios son «áreas con un mercado de vivienda tenso», excepto en Barcelona, donde es el consistorio quien tiene directamente la potestad. En las zonas así declaradas, los precios del alquiler no podrán ser un 10 por ciento superior al índice de referencia de precios del alquiler del Govern –aprobado en 2017 y disponible solo en 53 municipios (en los que se han producido un mínimo de 1.000 operaciones de alquiler)–. El índice, que aglutina 370.000 datos, se fija en base a una media del precio del alquiler, así como otras variables como la ubicación de la vivienda; el certificado energético; o, ascensor. En viviendas de nueva construcción o recién rehabilitadas, el margen para fijar el precio será 10 puntos superior –de un 20 por ciento sobre el índice– durante los cinco años posteriores. Los contratos ya formalizados una vez entre en vigor el decreto no estarán sometidos a los cambios.

Los requisitos que fija el decreto para determinar las «áreas de mercado de vivienda tenso» serán, entre otros, que el crecimiento del precio del alquiler y el peso que tenga ese gasto dentro del presupuesto familiar sean claramente superiores a la media de Cataluña; que haya una desproporción entre el aumento de la población y el número de viviendas de alquiler disponibles; o, que el coste de los alquileres crezca por encima del IPC de la zona. El decreto Ley no prevé multas para los incumplimientos.

Comparecieron, de manera extraordinaria, la consellera de Justicia, Ester Capella, (ERC) y el conseller de Territori, Damià Calvet (JxCat). Una señal de las tensiones que ha despertado esta medida, aunque ambos, naturalmente, optaron por desterrar cualquier atisbo de desavenencia. También se presentó en la rueda de prensa la diputada de la CUP, Maria Sirvent, que no pudo preguntar, tras impedírselo la portavoz del Govern, Meritxell Budó. Capella rechazó que la norma sea «electoralismo» sino una herramienta para dar solución a «las víctimas de los abusos». Por su parte, Calvet, puso el acento sobre la necesidad de contener la «burbuja inmobiliaria y reajustar los precios del mercado». La semana pasada, la candidata de JxCat en Barcelona, Elsa Artadi, consideró que este tipo de medidas no funcionan y apostó por facilitar la construcción de más vivienda social.

Asimismo, más allá del decreto Ley, también se aprobó la memoria preliminar del Anteproyecto de Ley de arrendamientos de fincas urbanas, que incorporará el mecanismo para contener el precio del alquiler, y regulará otros aspectos como el plazo mínimo de duración del contrato o el derecho preferente del arrendatario.