El «Procés»: del TC a Estrasburgo

Desde que el proceso soberanista se puso en marcha en Cataluña, la apelación a la intervención de instancias internacionales para resolver el pulso entre las instituciones catalanas y las españolas ha sido continua. Sin embargo, el conflicto político sigue librándose sin injerencias favorables al movimiento independentista. ¿Llegará el momento en que algún organismo internacional se ponga del lado del «Procés»? La pregunta está en el aire, pero los dirigentes soberanistas intensificaron ayer sus mensajes dirigidos al exterior.

Tres de los miembros de la Mesa del Parlament –el vicepresidente Lluís Corominas y las secretarias Anna Simó y Ramona Barrufet–, todos ellos del grupo de Junts pel Sí, advirtieron ayer de que contemplan acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en el caso de que el Tribunal Constitucional (TC) no dé cobertura a su «libertad de expresión» para impulsar los debates relacionados con el proceso soberanista.

Ignorar al TC

La advertencia de los miembros de la Mesa del Parlament se produjo en vísperas de presentar hoy ante el TC un informe de sus actuaciones relativas a la aprobación en el pleno de las conclusiones de la comisión del proceso constituyente, las cuales contemplan la vía unilateral para la independencia de Cataluña. En este informe, los miembros de la Mesa del Parlament subrayan que se ajustaron al reglamento y muestran su contrariedad por la resolución del TC en la cual se les exigía «impedir o paralizar cualquier iniciativa» relacionada con las mencionadas conclusiones, que ya habían sido suspendidas previamente mediante una interlocutoria del Alto Tribunal.

«Es absolutamente inadecuada esta tutela preventiva, ya que la Mesa debe analizar si se cumple el reglamento, no el contenido de las iniciativas», afirmó Corominas. Añadió, en este sentido, que «es muy grave que se nos diga que no podemos hablar» y rechazó que la Mesa se encargue de realizar un control preventivo de los temas que se abordarán, cuando las funciones del órgano se deben circunscribir a si cumplen con el reglamento y no a entrar en el contenido de las iniciativas parlamentarias.

Uno de los argumentos que los miembros de la Mesa del Parlament emplean en su informe se refiere a la «separación de poderes», subrayando que el parlamentarismo «no puede tener límites de debate», ya que imponerlos es «muy grave». «Sería absurdo que el Parlament no pudiera debatir», consideró Corominas.

El vicepresidente del Parlament explicó que en su escrito se hace hincapié, asimismo, en que la actuación del TC es posible por la «reforma exprés» de la Ley Orgánica del TC impulsada por el Gobierno del PP y recordó que «tiene diversos recursos de inconstitucionalidad pendientes de resolver», entre ellos uno presentado por parte de la Generalitat.

«Sería muy sorprendente que se llegaran a tomar acuerdos con acciones penales o limitar derechos fundamentales en base a una reforma del TC hecha deprisa y corriendo, recurrida y sin sentencia aún. Pedimos al Tribunal Constitucional que tenga cuidado», dijo Corominas.

El pulso entre el Parlament y el TC vivirá hoy un nuevo episodio, ya que Forcadell ha convocado esta mañana una reunión de la Mesa para acordar si el Parlament presenta alegaciones ante el Constitucional en relación a la polémica aprobación de las conclusiones del proceso constituyente.

El asunto se trató también ayer en el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura. Desafiante, el portavoz de ERC, Joan Tardà, le dijo al presidente en funciones, Mariano Rajoy: «El pueblo de Cataluña es pacífico, cívico e indefenso, razón por la cual, porque es un pueblo democrático. No tenemos miedo a sus amenazas».