La CUP acusa a cargos del Govern de «colaborar» con el 155

La Generalitat lo niega y ahora dice que la intervención del Estado fue un «fracaso».

La comisión de investigación del 155 echó a andar ayer en el Parlament con una sesión no exenta de polémica en las filas independentistas. El rifirrafe se produjo entre la CUP y el Govern, con los antisistema acusando a altos cargos del Govern de «colaborar» de forma «notable o relevante» en el momento de la aplicación del 155. «El Estado se salió con la suya bastante fácilmente», resumió el diputado Carles Riera ante el comisionado para el Despliegue del Autogobierno y Contra los Efectos del 155, Pau Villòria, quien negó la acusación.

Eso sí, la CUP se refirió en todo momento a los «altos cargos» del Ejecutivo catalán que no fueron cesados y que tenían «responsabilidad política», eximiendo al cuerpo de funcionarios. A su juicio, el Gobierno de Mariano Rajoy «no encontró en la administración catalana un alto nivel de resistencia» en una actuación que «no se correspondió» con la «movilización» del 1 de octubre ni con la declaración unilateral de independencia aprobada en el Parlament el mismo 27 de octubre.

«Nosotros no tuvimos un papel fácil en ese momento, no teníamos dirección política, y lo que intentamos es que afectara lo mínimo a los ciudadanos», se defendió Pau Villòria, quien mostró su disconformidad en varias ocasiones y llegó a mostrarse contrariado por las acusaciones de la CUP. «Me sabe mal que diga eso, que diga que hubo colaboración. Diría que no, afirmo que no fue así», aseguró el representante del Ejecutivo catalán ante la comisión.

«Pensamos que el mejor servicio que podíamos hacer era mantenernos para hacer de tapón, de resistencia, entre el Govern y de correa de transmisión con los trabajadores», defendió Villòria, quien dijo sentirse «orgulloso» de los responsables y altos cargos que «aguantaron el barco». «Intentamos que la afectación fuera mínima. Tramitamos lo mínimo posible porque no queríamos que Madrid se atribuyera ninguna de estas actuaciones», reivindicó.

Villòria basó su intervención, la primera que se produce en el Parlament sobre el 155, en asegurar que la intervención del Estado «fue un fracaso» como mecanismo para solucionar la situación política en Cataluña. «Si se pretendía resolver un conflicto con una imposición unilateral, el objetivo no se ha alcanzado», destacó.

El también viceconseller de Presidencia para el Despliegue del Autogobierno calificó el 155 de una «imposición coactiva» del Estado y sostuvo que la intervención de la autonomía catalana se basó, a su juicio, en medidas excesivas y no fue proporcional. Eso sí, Villòria también reconoció que el Gobierno del PP –junto con el apoyo de Cs y PSOE– no quería perjudicar a los ciudadanos con la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, sino que el objetivo era «anular el autogobierno» y atacar al Ejecutivo de la Generalitat. «¿Voluntad de perjudicar a los ciudadanos? Igual que digo una cosa, digo la otra: creo que no. La voluntad era perjudicar al Govern», lanzó.

Pese a mantener que la intervención del Estado fue un «fracaso» a nivel político, el representante de la Generalitat insistió en las supuestas pérdidas que comportó para las arcas públicas. Según sus cuentas, la aplicación del 155 supuso el cese de 234 cargos de la Generalitat. También cifró el impacto económico de la intervención en 1.800 millones de euros.

Sin embargo, Villòria rebajó las cifras al concretar que las pérdidas directas, que no se hubieran producido sin el 155, fueron de 130 millones en cuestiones como indemnizaciones, rescisión de alquileres y adaptaciones informáticas, entre otras. No asistieron a la comisión ni PP ni Cs ni PSC, que no tienen previsto participar en ninguna sesión.