Barcelona

La Fiscalía plantea agravar las penas por delitos de odio por ser de una región española

El Ministerio Público sugiere incluir en el Código Penal un agravante específico

Responsable del servicio de delitos de odio de la Fiscalía de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar.
Responsable del servicio de delitos de odio de la Fiscalía de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar.larazon

El Ministerio Público sugiere incluir en el Código Penal un agravante específico

Las amenazas, insultos, agresiones y cualquier acción parecida de carácter discriminatorio por el simple hecho de haber nacido en Andalucía, País Vasco, Galicia o cualquier otra comunidad, podrá ser considerado como agravante en el momento de dictar sentencia. Así lo plantea el responsable del servicio de delitos de odio de la Fiscalía de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, en su memoria del 2018. Aguilar señala en su informe un importante aumento del número de atestados policiales por delitos de odio y discriminación por orientación política desde el inicio del ‘procés’ según apunta el Periódico de Cataluña. La mayoría de estos actos se comenten a través de las redes sociales a través de usuarios anónimos.

En sus memorias anuales, Aguilar propone una reforma legislativa y sugiere, por ejemplo, que se considere como agravante la aporofobia, es decir amenazar, insultar o agredir por aversión a los pobres. El documento también recoge dos propuestas para incluir en el Código Penal como agravante de delito la discriminación por origen territorial dentro de España o por el uso de las lenguas oficiales, lo que implicaría penas mayores.

La memoria de la Fiscalía de delitos de odio señala también que se han disparado los delitos por discriminación por orientación política que han pasado de 83 a 203 atestados entre 2017 y 2018. La mayoría de los delitos quedan archivados en los juzgados al no poder determinar el autor o no tener consecuencias penales. Pintadas, daños y amenazas en redes sociales son las principales acciones que se llevan a cabo contra víctimas de todo el espectro político, desde constitucionalistas hasta independentistas.

El Ministerio Público detalla que las condenas por incitación al odio en páginas de internet o redes sociales se pueden suspender, siempre y cuando no superen los dos años de cárcel y no se tengan antecedentes. La condena se traduciría en la retirada del contenido o realizar un programa de derechos humanos y diversidad o contra la violencia, si se tratan de agresiones.