Las cifras casan, pero las explicaciones no. Quizás todo se deba finalmente a que Boi Ruiz, conseller de Salud, no acaba de encontrar la manera de formular y transmitir el mensaje que quiere dar a su audiencia o que hay datos que se le escapan y que, preguntado por ellos, no atina a concretarlos, pero la oposición ve gato encerrado. Los ecosocialistas han pedido su dimisión, mientras que los socialistas su comparecencia inmediata ante el Parlament y acompañado por las conselleras de Bienestar y Enseñanza. Todo porque, tras seis meses de que el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, hiciera público su informe sobre malnutrición infantil, nadie ha conseguido saber a ciencia cierta si hay niños que no pueden llevar una dieta equilibrada por problemas económicos y de haberlos, cuántos son.

Las últimas declaraciones que hicieron responsables de la conselleria de Salud sobre la materia tuvieron lugar ayer y por partida doble. El secretario de la Agencia de Salud Pública, Antoni Mateu, trató de descifrar un informe confeccionado con las historias clínicas de los niños catalanes ante los micrófonos de Catalunya Ràdio por la mañana. Dicho informe había sido enviado la noche anterior a los medios de comunicación y, antes, al Síndic de Greuges. Pasadas las 13.15 horas, los periodistas fueron convocados de urgencia por la conselleria de Salud. El motivo: esclarecer conceptos que, prestándose a equívoco, podían llevar a sembrar una alarma social y, más aún, a minar la credibilidad de una conselleria duramente desgastada por las políticas implementadas ante a la crisis. Pero, ni uno ni otro lograron zanjar la cuestión. Sigue habiendo dudas.

Recapitulando las cifras, el pasado mes de agosto el Síndic de Greuges advirtió que 50.000 niños sufren privaciones alimenticias, de los que 750 padecen desnutrición. La Generalitat negó la mayor, a pesar de que Ribó corroboró su análisis de la situación en sede parlamentaria. Por su parte, el conseller dijo, en septiembre del año pasado, que en Cataluña no existe malnutrición por cuestiones económicas. Posteriormente, en una respuesta parlamentaria hecha pública el 21 de enero, el conseller admitió que el sistema sanitario tenía contabilizados 91 casos de desnutrición asociada a una enfermedad grave y otros 10 «con un código social que recoge problemas con la falta de alimentos». El informe, realizado por la Agencia de Salud Pública al respecto y a petición del Síndic que fue proporcionado a los periodistas el miércoles, recoge el caso de 650 niños sobre con los que hay que tener una especial atención porque viven en un entorno económico muy desfavorable, si no en la pobreza. Y volvieron a saltar las alarmas porque el redactado del informe se prestó a equívoco y así las cifras volvieron a bailar. Salud reaccionó y se prestó a explicarlas.

Así, esos 650 niños no están malnutridos, pero es importante que los servicios sociales y sanitarios les hagan un seguimiento dada su frágil situación socioeconómica. Asimismo, se está controlando a 91 niños que sufren desnutrición causada por una enfermedad grave, pero en ningún caso por la crisis. Finalmente, hay otros 10 niños cuyas «circunstancias personales y sociales pueden influir en una alimentación inadecuada» sin que por ello estén malnutridos según el informe y la respuesta parlamentaria de Ruiz. Sin embargo, el conseller sí habló ayer de estos niños como menores malnutridos y recalcó que no se han encontrado elementos socioeconómicos relacionados con ello. Algo sigue sin casar.

Para la oposición, tanta explicación no es buena y menos si las dudas persisten. Exigen a Ruiz dé la cara de nuevo y exponga las medidas tomadas.